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AMPLIARFamiliares chilenos piden fin de la impunidad

Chile: benefician a condenado por desaparición de uruguayos

La Corte Suprema chilena otorgó la libertad condicional a un comandante del ejército condenado por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos uruguayos tras el golpe militar de 1973.

Detalles.

La decisión fue adoptada por la sala penal del máximo tribunal que revirtió un fallo anterior de la Corte de Apelaciones que le había negado el beneficio al comandante retirado Lander Uriarte.

Uriarte, encarcelado desde mayo de 2015 en un penal especialmente acondicionado para militares y un puñado de civiles, cumple seis años de condena por el secuestro y desaparición de los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pagardoy Saquieres.

Los tres habían llegado a Chile como refugiados durante el gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973) por temor a ser detenidos en Uruguay como sospechosos de pertenecer al grupo guerrillero de izquierda Tupamaros. Pero tras el golpe del general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 intentaron huir hacia Argentina y fueron detenidos.

Según testimonios de sobrevivientes fueron llevados a un regimiento cercano a Santiago de Chile donde fueron torturados. Desaparecieron cuando iban a ser trasladados al Estadio Nacional de Santiago, usado por la dictadura como campo de concentración de los presos políticos.

Este es el primer fallo del máximo tribunal a favor de un condenado por violaciones a los derechos humanos desde que en septiembre un grupo de diputados izquierdistas y activistas de derechos humanos intentaron, sin éxito, remover a tres jueces supremos porque les habían otorgado la libertad condicional a seis criminales de lesa humanidad.

En su fallo divulgado el viernes la Corte señaló que no desconoce “la gravedad de los crímenes de lesa humanidad” cometidos por Uriarte pero que la jurisprudencia vigente y diversos tratados humanitarios no impiden el otorgamiento de beneficios a los condenados por esos delitos.

El Estatuto de Roma -que creó la Corte Penal Internacional- establece entre los requisitos para liberar condicionalmente a los violadores de derechos humanos que hayan cumplido al menos la mitad de la condena, hayan tenido buen comportamiento en la cárcel y hayan mostrado arrepentimiento y colaboración para encontrar a los desaparecidos.

Sin embargo, el Estado chileno no ha adecuado su legislación al Estatuto de Roma por lo que no pocos magistrados chilenos alegan que no pueden asimilar esos requisitos mientras el Congreso no modifique las leyes.

Tres de los cinco jueces del máximo tribunal acogieron la apelación de Uriarte a la decisión de la Corte de Apelaciones, que le había negado la salida condicional porque según un informe de la policía de prisiones el militar retirado no ha reconocido sus crímenes ni su gravedad.

El juez supremo Jorge Dahm, uno de los dos que votó en contra, dijo que “agrava la situación del sentenciado la circunstancia aludida en el informe psicosocial de no reconocer el grave delito cometido, como tampoco tener conciencia del mal causado, lo que pone en duda que esté apto para reinsertarse socialmente”.

Decenas de condenados por violaciones a los derechos humanos están optando por la vía judicial para obtener beneficios como la libertad condicional, aunque por ahora la mayoría no lo ha logrado.

Según cifras oficiales, durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) hubo 40.018 víctimas, de las cuales 3.065 fueron asesinadas por agentes del Estado. Esta última cifra incluye a más de un millar de personas que permanecen desaparecidas.

Unos 150 militares retirados cumplen condenas por esos crímenes y centenares más tienen procesos en desarrollo.