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AMPLIAREl juez federal de Brasil Sergio Moro, que encabeza la investigación de Lava Jato. (foto: ANSA)

La Corte brasileña lanza advertencia al juez Moro por las delaciones premiadas

El Supremo Tribunal Federal de Brasil cuestionó el alcance de las disminuciones de penas a quienes aportan datos a una investigación, cuando lo declarado carece de contundencia, decisión que insinúa una divergencia con el juez Sergio Moro, responsable de la causa Lava Jato.

Detalles.

La Sala II del Supremo Tribunal Federal se pronunció el martes respecto de las delaciones premiadas al considerar el caso de dos arrepentidos, el ex director de Petrobras, Paulo Roberto Costa y el cambista, o "doleiro", Alberto Yousseff.

Ambos están en la lista de los principales imputados que aceptaron colaborar con el juez de primera instancia, Sergio Moro, con revelaciones que permitieron reconstruir la cadena de corrupción montada en torno de Petrobras, en el escándalo del "Petrolao".

Las delaciones premiadas, previstas en ley, fueron una herramienta "valiosa" para llevar adelante la causa Lava Jato, según lo afirmó el propio Moro, el juez más popular del país y considerado un símbolo de la lucha contra la corrupción.

La mayoría de los miembros de la Sala II del Supremo explicitó sus discrepancias con Moro en la sentencia del martes, en la cual fue inocentada la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann.

La Procuraduría General de la República acusó a Hoffmann y a su marido, Paulo Bernardo, también del PT, de corrupción y lavado de dinero por haber recibido 1 millón de reales en 2010 (350 mil dólares de entonces) para financiar una campaña electoral.

Pero la acusación se sustentó, básicamente, en los relatos de los "arrepentidos" Costa y Yousseff.

Los relatos de Costa y Yousseff no fueron refrendados por "elementos que permitan su corroboración" por lo cual no es "posible condenar" a los acusados, dijo el juez Gilmar Mendes.

Mendes es el portavoz del ala así llamada "garantista" del Supremo, que ha cuestionado los métodos de Moro.

Meses atrás Mendes dijo que el magistrado responsable de Lava Jato tiene un estilo punitivista que tiende a permitir "abusos" que son propios de un "estado policial".

Este fallo de la Sala II del Supremo, ocurrió luego de otra decisión en la cual el Plenario del Supremo, desautorizó las "traslaciones coercitivas" de los acusados.

Esas traslaciones fueron ordenadas con cierta frecuencia por Moro en las fases más importantes de Lava Jato, el proceso iniciado en marzo de 2014.

El caso más notorio fue el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva que fue trasladado coercitivamente en marzo de 2016 para ser indagado en uno de los procesos que se le siguen en el marco de Lava Jato.

Lula , líder histórico del PT, fue condenado a doce años y un mes de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva, y está arrestado en la Superitendencia de la Policía Federal en Curitiba.

La mayoría de los jueces del Supremo, con Gilmar Mendes a la cabeza, ordenó suprimir las traslaciones coercitivas en general, especialmente en los casos en los que los acusados no fueron previamente convidados a declarar por voluntad propia.

Estos dos temas, delación premiada y traslación coercitiva, hacen a la doctrina consagrada por Lava Jato, justificada en redoblar todas las presiones posibles sobre los acusados para impedir delaciones.

Tanto Moro como los fiscales de Lava Jato entienden que la guerra a la corrupción requiere de algunas medidas excepcionales.

El debate entre garantistas y punitivistas también penetra en el propio Supremo, donde el ala de los punitivistas tiene al juez Roberto Barroso como uno de sus voceros.

Barroso es un aliado del juez de primera instancia Moro y ha librado encarnizados debates en el Supremo con el garantista Gilmar Mendes.