Enviar Nota | Imprimir

La oposición intenta frenar la privatización de Vialidad

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo rechazó el decreto del Ejecutivo que creó la sociedad anónima Corredores Viales, cuyas funciones se superponen a la dirección nacional de Vialidad.

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo rechazó el decreto del Ejecutivo que creó la sociedad anónima Corredores Viales, cuyas funciones se superponen a la dirección nacional de Vialidad.

El proyecto para derogar el decreto 794/2017 que creó la empresa Corredores Viales SA llegará al recinto en los próximos días, luego de que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo aprobara una iniciativa de rechazo impulsada por la oposición a Cambiemos, cuyos legisladores no participaron de la sesión que se llevó a cabo hoy. La comisión había convocado también al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, pero también se ausentó.

Los diputados y senadores opositores consideraron que la creación de Corredores Viales SA es, en realidad, una “privatización” encubierta de la dirección Nacional de Vialidad, puesto que los fines de la empresa son la construcción, mejora y reparación de rutas y autopistas de jurisdicción nacional, es decir, los mismos que el organismo oficial. Y si bien en principio será una sociedad con acciones repartidas entre reparticiones del Estado, el decreto dejó abierta la posibilidad de que puedan ser vendidas a privados. 

En el comienzo de la reunión de la Bicameral, su presidente, el diputado del FpV Marcos Cleri, reveló que ningún organismo del Estado contestó los pedidos de informes sobre los alcances del decreto de creación de Corredores Viales. Luego, el ex gobernador José Luis Gioja fue terminante y calificó la iniciativa como “ilegal e inconstitucional” porque “avasalla con todas las normas habidas y por haber, y viene a reemplazar a la Dirección Nacional de Vialidad”. 

La reunión contó con la presencia de María del Carmen Burgos, delegada de Vialidad Nacional por ATE Capital, quien aseguró que la medida “pone en peligro más de seis mil puestos de trabajo” y “es una maniobra más en sus objetivos de privatizar todo” y pidió la nulidad del decreto.

Página 12