19/07/2017 - En General

Preocupación por el desmantelamiento de ARSAT

Las organizaciones del sistema científico abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio a la carta de intención suscrita entre ARSAT y HUGHES Network Systems para la creación de una nueva compañía, (provisoriamente “NEWCO”), que se encargaría en adelante del proyecto ARSAT-3.

Las organizaciones del sistema científico abajo firmantes expresamos nuestro más enérgico repudio a la carta de intención suscrita entre ARSAT y HUGHES Network Systems para la creación de una nueva compañía, (provisoriamente “NEWCO”), que se encargaría en adelante del proyecto ARSAT-3. Además de ser éste un acuerdo ilegal, sus términos resultan absolutamente contrarios a los intereses nacionales: por su intermedio, Argentina renuncia a un desarrollo de tecnología nacional en la materia con la consecuente pérdida de soberanía. 

La empresa estatal ARSAT, desde su creación en 2006, ha potenciado la autonomía tecnológica y espacial argentina, favoreciendo el desarrollo y la inclusión. En este marco, se construyeron y pusieron en órbita los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones ARSAT-1 y ARSAT-2, que ocuparon las posiciones orbitales asignadas a la Argentina que estuvieron a punto de perderse. 

El desarrollo de estos proyectos dio trabajo a numerosos ingenieros, técnicos y más de 600 pymes que participan de la cadena productiva de los satélites. Desde el cambio de gestión, sin embargo, el presidente Macri y los directivos de Arsat  han enfatizado en los imperativos de rentabilidad y autosuficiencia financiera de la empresa por sobre su capacidad para desarrollar tecnología nacional, soberanía espacial e inclusión social. 

Coherentemente con esta línea, se tomó una pésima decisión estratégica, la de pedir la confección del plan de negocios de ARSAT a la consultora estadounidense McKinsey & Co y se apeló, seguidamente, a una serie de argumentos financieros de dudosa veracidad para demorar la fabricación del ARSAT-3. En efecto: lejos de presentar problemas de financiamiento y comercialización como planteó el oficialismo, Arsat 1 se encontraba vendido en un 100% y Arsat 2, lanzado en octubre de 2015, en un 30% con un eficiente plan de gestión.

Esto culminó recientemente con una carta de intención en la que se establece la voluntad de celebrar un acuerdo para conformar una nueva empresa que lleve a cabo el proyecto ARSAT-3, en la que ARSAT no podrá tener más del 49% de participación, y HUGHES no menos del 51%. Desde ya, esto implica entregar por completo la potestad de toma de decisiones, incluyendo la designación de la planta gerencial y la definición global de la política de la empresa, todo ello agravado por el hecho de que el potencial acuerdo quedaría bajo jurisdicción estadounidense sin potestad de intervención para la justicia argentina. 

Entre las cláusulas del preacuerdo se establece que la nueva compañía comprará a ARSAT el satélite ARSAT-3 por USD 230 millones y a HUGHES USD 50 millones para la compra de equipos para el segmento de tierra. En tanto el gobierno reconoció que el costo del satélite es de USD 230 millones, esta carta de intención vende al costo el ARSAT-3, a una tercera empresa que tiene mayoría de capital extranjero, dejando ninguna rentabilidad para estado, ni recuperación de la inversión realizada. A su vez, no presenta procedimiento de contratación para Hughes como socio ni proveedor del estado, incumpliendo la ley de contrataciones del estado nacional. 

Con este “”””avance”””””, ARSAT estaría perdiendo la oportunidad de generar tecnología nacional para brindar banda ancha a través de la banda Ka, desistiendo de los negocios que esto podría generar, además de entregar una posición orbital Argentina a una empresa con participación mayoritariamente extranjera. A su vez, no explicita el compromiso de sostener la fabricación de satélites en manos del estado argentino. Esto viola flagrantemente el artículo 10 de la ley 27.208, donde se lee claramente que la alteración del "destino, disponibilidad, titularidad o dominio" de las posiciones orbitales, como recursos esenciales propiedad de ARSAT, requerirá autorización de la mayoría agravada (⅔ de los votos) del Congreso de la Nación. Por último, mientras el pre acuerdo reconoce al gobierno norteamericano y establece los tribunales de Nueva York como jurisdicción de litigio, no hay mención al marco legal argentino ni a la necesidad de que sea aprobado con el Congreso Nacional.

Es claro que el preacuerdo firmado representa un grave peligro para la soberanía espacial con desarrollo de tecnología propia, mano de obra calificada y cadenas productivas locales en beneficio de la inclusión social y cultural, lo que no resulta aislado en un contexto en que arrecian medidas de claro sesgo antipopular y contrarias a los intereses nacionales. La ilegalidad y absoluta inconveniencia de la medida exige una inmediata vuelta atrás por parte de De Loredo y los directivos de ARSAT, en tanto la política satelital argentina resulta clave para el desarrollo autónomo, sostenible y soberano de nuestro país.

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