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AMPLIARVíctimas de la Dictadura valoran rechazo de Bachelet a indultos de Punta Peuco

Justicia chilena falla contra petición de represores

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer un recurso de protección presentado en diciembre por familiares de cuatro violadores a los derechos humanos contra la presidenta Michelle Bachelet porque no les respondió sendas peticiones de indulto.

Detalles.

En un fallo unánime, los tres jueces de la Tercera Sala determinaron que Bachelet no actuó arbitrariamente al no responder la petición de los criminales René Cardemil Figueroa y Marcelo Castro Mendoza.

Los jueces afirmaron que Bachelet presentó documentos a fines de marzo en los que se rechaza el indulto, por lo que ?resulta que el objeto del recurso, esto es la omisión en resolver las solicitudes de indulto, ha perdido oportunidad?.

Raúl Meza, abogado de los cuatro reos, dos de los cuales murieron en marzo último, reclamó que Bachelet tuvo 90 días para responder porque ingresó los recursos en diciembre de 2016.

Los suboficiales de la policía que pedían indultos y que murieron en marzo son Gustavo Muñoz y Pedro Vivian Guaita. El primero cumplía desde 2013 una condena de 10 años de cárcel por el secuestro y homicidio de dos personas en el sur del país y por la desaparición de varias más, mientras Guaita cumplía seis años por la desaparición de un dirigente comunista.

El sobreviviente Cardemil cumple 10 años de prisión por el asesinato de seis personas. Él y otros dos suboficiales realizaron el arresto y ametrallaron a las personas cerca de una de las salidas de Santiago. Entre los asesinados estaba el matrimonio argentino formado por Carlos Adler Zulueta, 25 años, y Beatriz Elena Díaz Agüero, 26 años, mientras Castro sirve también 10 años por la desaparición de dos disidentes.

Activistas de derechos humanos y amplios sectores sociales rechazan los indultos de los violadores a los derechos humanos que cumplen condenas en un penal especial para criminales de lesa humanidad porque, como la mayoría, se niegan a colaborar con las investigaciones judiciales y revelar qué hicieron con el más de un millar de disidentes asesinados que siguen desaparecidos.

Según cifras oficiales, la dictadura de Augusto Pinochet, 1973-1990, dejó poco más de 40.000 víctimas, de las cuales más de 3.000 murieron, aunque falta por ubicar los restos de un millar de personas, muchos de los cuales desaparecieron dos veces: la primera cuando fueron asesinados y ocultados y la segunda, después de 1978, cuando se puso en marcha la Operación Retiro de Televisores, que consistió en desenterrarlos y lanzarlos al mar para evitar que aparecieran las pruebas de que el régimen militar hacía desaparecer a los opositores.

En los 27 años transcurridos desde el retorno de la democracia, los restos y fragmentos de huesos encontrados no alcanzan a corresponder a 200 desaparecidos de un total cercano a 1.200.

Además de la no colaboración, está ocurriendo la llamada ?impunidad biológica?, que consiste en la muerte de los asesinos sin revelar ubicaciones o identificar a sus cómplices.