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AMPLIARLa indignación recorre todos los locales

Trabajadoras dnunciaron que Wal-Mart discriminó a miles de mujeres embarazadas

Dos exempleadas de Wal-Mart Stores Inc presentaron una demanda acusando al minorista de tratar a miles de mujeres embarazadas como "ciudadanos de segunda clase" al rechazar sus pedidos para limitar el levantamiento de paquetes pesados, subir escaleras y otras tareas potencialmente peligrosas.

Detalles.

La demanda colectiva propuesta fue presentada el viernes en una corte federal en Illinois por Talisa Borders y Otisha Woolbright, quienes dijeron que hasta el 2014 Wal-Mart tenía una política general que negaba a las mujeres embarazadas las mismas comodidades que a personas con otras necesidades especiales.

La demanda colectiva podría incluir al menos a 20.000 mujeres y posiblemente hasta 50.000 que trabajaron en Wal-Mart durante su embarazo antes del cambio de política, según dice la acción judicial.

La compañía negó los reclamos de las mujeres en un comunicado entregado por su portavoz Randy Hargrove, y dijo que las políticas de embarazo de Wal-Mart "siempre han cumplido o superado los requisitos de las leyes estatales o federales".

La empresa aseguró que otra de sus políticas, en este caso una contra la discriminación, considera al embarazo como una condición protegida. "Walmart es un grandioso lugar de trabajo para las mujeres", dijo la compañía.

Borders y Woolbright dicen que la vieja política de Wal-Mart violaba una ley federal que exige a los empleadores que traten al embarazo como una discapacidad temporal y brinden las comodidades necesarias a las mujeres embarazadas.

En un caso del 2015 que involucró a United Parcel Service (UPS), la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que los empleadores no pueden tratar a las trabajadoras embarazadas de forma diferente a quienes tienen otras discapacidades o condiciones médicas.

Wal-Mart, el mayor empleador privado de Estados Unidos, cambió su política en el 2014 para tratar al embarazo como una discapacidad. Pero los abogados de las demandantes dicen que los cambios son insuficientes y que planean una acción judicial independiente contra la nueva política.