Enviar Nota | Imprimir

AMPLIARLas voces contra el incremento de combustibles lejos de acallarse se incrementan.

Crecen las protestas en México contra el "gasolinazo"

Empresarios, sindicatos y opositores rechazaron un plan para amortiguar el incremento de la gasolina a partir del primer día del año, de hasta el 24%, que se suma a aumentos en la electricidad y el gas, por ser un mero elemento de "imagen pública" y no estar basado en un "amplio consenso".

Detalles.

"Urge un acuerdo sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública", afirmó la influyente Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).

La organización se rehusó a firmar el acuerdo promovido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer las finanzas y proteger la economía familiar, aunque sí lo hicieron otras agrupaciones empresariales.

Entre los motivos esgrimidos por la Coparmex para no apoyar este plan figura que "dicho consenso no se puede construir en tres días", y porque se requiere de un pacto "real" que incluya "compromisos concretos".

Para Coparmex, "cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances (.) El momento exige que todos los actores, todos, asuman compromisos concretos en beneficio del país", declaró. Del lado de los sindicatos, la independiente Unión Nacional de Trabajadores (UNT) también decidió no firmar el acuerdo porque mantiene el aumento a los energéticos, cuando la medida que debería adoptarse es la "derogación" de la liberación y el aumento de las gasolinas.

Además, la coalición laboral criticó la forma en que el ministerio del Trabajo buscó el consenso al documento, pues "primero el gobierno tomó las medidas y después convocó", y criticó que el plan no esté acompañado "con propuestas concretas de cómo solucionar el problema del gasolinazo".

La UNT pidió cambiar la política energética e impulsar nuevas refinerías, así como reducir la dependencia de Estados Unidos, y anunció una marcha de protesta el 31 de enero próximo, donde se emitirá un manifiesto "único del sindicalismo mexicano para hacer una movilización unitaria y contundente".

Legisladores de oposición también cuestionaron el acuerdo y dijeron que se trata de un pacto "insulso, sin compromiso real y sin acciones claras ni de fondo", como señaló Fernando Herrera, jefe de la bancada del conservador Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara de Diputados.

"Regresamos al esquema de esos viejos acuerdos que hacía el presidente en tiempos en que no existía un pluralismo político tan vivo como el de hoy", declaró el diputado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática Jesús Zambrano. El gobierno lanzó esta "mala protectora" para ayudar a las personas más pobres y a paliar el formidable golpe a su alicaída tras el aumento a partir del primer día del año de hasta un 24% en los carburantes.

El incremento se produce luego que la inflación alcanzó su nivel más alto en dos años al ubicarse en 3,36% en 2016 y que sólo en diciembre los precios casi crecieron medio punto (0,46%).

Los analistas predijeron que el aumento a los carburantes traerá consigo una cascada de incrementos que podría elevar de 3,36 al 5% la inflación, es decir, aumentarla en más de 1,5%.

Peña dijo que el gobierno a su cargo "no tuvo margen de maniobra" pues enfrentaba el riesgo de "cancelar programas" sociales.

Entre otras cosas, el gobierno prometió alentar la repatriación de capitales en el extranjero, crear empleos mediante obras de infraestructura (trenes, aeropuertos y puertos) y "estabilizar la deuda" pública, que creció del 30 al 50% del Producto Interno Bruto en los últimos cuatro años, así como combatir la corrupción.

La oleada de protestas y saqueos de 423 tiendas tras la suba del costo de la gasolina se extendió a prácticamente todo el país y los enfrentamientos causaron al menos cuatro muertos y unos 1.500 detenidos. Los saqueos y protestas han disminuido al mínimo pero aún persisten bloqueos de almacenes de distribución de la petrolera gubernamental PEMEX en la frontera norte del país, que amenazan con provocar escasez.