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AMPLIARGasolinera de Pemex explotada por privados

Empresarios mexicanos critican alzas gasolina y piden apoyos

El sector privado calificó de "desproporcionado" el aumento de hasta un 20% en los combustibles, el gas y la electricidad y demandó un programa de estímulos para defender el empleo y amortiguar ese golpe.

Detalles.

El sector privado mexicano calificó de "desproporcionado" el aumento de hasta un 20% en los combustibles, el gas y la electricidad a partir del lunes, y demandó un programa de estímulos para defender el empleo y amortiguar el "duro golpe" asestado a la economía popular.

Mientras crece la indignación por la medida y aumentan las protestas en el país, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reprochó al gobierno por "trasladar toda la carga al consumidor final", en lugar de "buscar esquemas de reducción fiscal". El dirigente pidió al Congreso revisar y hacer ajustes a la pesada carga tributaria sobre el precio de las gasolinas (40% del total) para "aminorar" los efectos en el aumento a los combustibles, que ha generado una ola de protestas y 16 bloqueos de rutas en 7 estados del país.

El influyente Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que reúne a las más importantes organizaciones del sector privado, secundó la posición y reclamó al gobierno una estrategia conjunta de todos los sectores para defender el empleo, promover el crecimiento y combatir la inflación.

Ante la escalada de aumentos a los carburantes -gasolinas y diesel (gasoil)- de hasta un 20% a partir del primero de enero, la entidad consideró que habrá "una presión adicional a la economía interna", que harán urgentes "medidas de aplicación inmediata en materia fiscal, gasto e ingresos" para evitar que sean golpeados a "los bolsillos de los mexicanos".

Sin embargo, el ministerio de Finanzas paró en seco estas peticiones y desechó cualquier medida de estímulo para amortiguar el golpe, aunque reconoció que el "ajuste" es "impopular" y "genera malestar entre la población".

El viceministro de Finanzas, Miguel Messmacher, dijo que "es muy claro, es comprensible" el malestar de la población, y por ello estimó que "debe quedar claro que no se trata de "un alza en impuestos, sino se debe a un aumento en los precios internacionales de los combustibles".

El funcionario rechazó la adopción de "estímulos adicionales para contrarrestar la medida", descartó un impacto en la inflación y recordó que durante aumentos similares entre 2010 y 2013, aunque de 11 a 13% en términos anuales, no hubo un reflejo en los precios.

El organismo cúpula de la empresa privada demandó "reducir el gasto" en consumo corriente del gobierno, mantener la flexibilidad del tipo de cambio y, "en la medida necesaria" y ajustar la tasa de interés. Ese paquete de medidas debe complementarse con "una verdadera apuesta por la transparencia, una rápida y eficaz implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y acciones concretas que demuestren el compromiso con el cumplimiento del Estado de Derecho", afirmó el CCE en un comunicado. "Es urgente recuperar la confianza ciudadana para avanzar en la senda del desarrollo", afirmó, al expresar su confianza en "eficaz adopción de estas medidas, y un verdadero trabajo en conjunto entre Poder Ejecutivo, legislativo, iniciativa privada y sociedad" para amortiguar este golpe.

Otra medida que recomendó es "establecer como meta una reducción de la deuda del gobierno federal, manteniéndola en niveles menores a 40% del producto interno bruto", es decir, un 10% menos que el volumen actual.

Los capitanes de la industria demandaron definir un mecanismo para que "los ingresos adicionales a los aprobados por el legislativo no se traduzcan en más gasto, sino se destinen a la reducción del déficit".

A partir del primer minuto de este año, entraron en vigencia los aumentos en los precios de los carburantes, del gas doméstico y de la electricidad, y se espera que a esta escalada sigan incrementos en el transporte y otros productos.

El CCE pidió "accionar un mecanismo de generación de empleo a través de contratación de mano de obra para la construcción de infraestructura, con la participación del sector privado".

Otro de sus reclamos fue una política de "estímulos fiscales a nuevas inversiones, para propiciar más empleo y evitar una caída más pronunciada del crecimiento y un avance insuficiente de la masa salarial".