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AMPLIARTemer, y el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles,

Temer veta ley que permitía a estados brasileños negociar sus deudas sin contapartidas

El presidente de Brasil, Michel Temer, vetó el miércoles parcialmente un proyecto de ley que permitía a los estados del país negociar sus deudas sin ofrecer contrapartidas, en abierto desafío a la política de ajustes del ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.

Detalles.

Temer "decidió vetar parcialmente el proyecto de ley que prevé la renegociación de las deudas con la Unión", informó en un comunicado el Ministerio de Hacienda.

La ley, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, extiende por 20 años el plazo para saldar la deuda de los Estados brasileños con la Unión y permitía -en el capítulo que fue vetado-, para aquellos en situación de "calamidad financiera", suspender los reembolsos por tres años a condición de que aprueben un plan de recuperación.

El Ejecutivo pretendía que la ley exigiese contrapartidas específicas a los Estados en peor situación -como la prohibición de crear nuevos cargos o de aumentar los salarios de funcionarios públicos-, a cambio de aliviar el peso de sus deudas. Pero los diputados desafiaron al gobierno, retiraron del texto esas disposiciones y determinaron que las contrapartidas fuesen definidas por leyes de cada Estado.

Por ello, el gobierno optó por vetar parcialmente la ley.

Meirelles ya había anticipado que la ley podría ser vetada y que no habría espacio para que los Estados escapasen del severo ajuste fiscal que Brasil emprendió bajo su comando, con el que planea recuperar la confianza de los inversores para revertir su peor recesión en más de un siglo.

Hacienda "sigue trabajando para encontrar una solución que dé instrumentos a los necesarios ajustes fiscales de los Estados", añade el comunicado.

Brasil tiene 26 Estados (y un Distrito Federal), buena parte de ellos con las cuentas en rojo. Tres Estados -Rio de Janeiro (sudeste), el segundo más rico del país; Minas Gerais (sudeste) y Rio Grande do Sul (sur)- se vieron obligados este año a declararse en situación de "calamidad financiera".

Temer, con un índice de popularidad de apenas 10% y un gobierno cercado por las acusaciones de corrupción del escándalo Petrobras, pretende completar el mandato de la destituida presidenta de izquierda Dilma Rousseff, hasta fines de 2018, y entregar un Brasil con las cuentas saneadas a su sucesor.

Apoyándose en los mercados y en una amplia base parlamentaria que votó por el impeachment de Rousseff -acusada de manipular las cuentas públicas-, consiguió que el Legislativo aprobara la congelación de los gastos públicos durante 20 años y prevé una reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, entre otras medidas de austeridad fuertemente resistidas por la población.