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AMPLIARLos delincuentes Sanchez de Lozada y Sanchez Berzaín

Los prófugos Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín viven como ricos en EEUU

El expresidente huyó de Bolivia en 2003, tras los luctuosos hechos de violencia que dejaron más de 60 muertos y al menos 400 heridos, lo que provocó su dimisión y huida a Estados Unidos, donde actualmente reside. En su huida, de acuerdo a la Fiscalía General de Bolivia, habría sacado alrededor de 22 millones de dólares de las reservadas internacionales.

Detalles.

El expresidente y fugitivo de la justicia boliviana, Gonzalo Sánchez de Lozada, habita en una casa valuada en 1,4 millones de dólares en el sur de la ciudad estadounidense de la Florida y su ex ministro de Defensa, también prófugo, Carlos Sánchez Berzaín, maneja un negocio inmobiliario de al menos 9 millones en Miami, remarca un artículo del periódico digital norteamericano El Nuevo Herald.

Según ese material, rotulado ‘Sospechosos de corrupción en Latinoamérica se refugian en el sur de la Florida’, el exmandatario boliviano se fue a vivir a Chevy Chase, Maryland, un elegante suburbio de Washington D.C.

El Nuevo Herald precisa que esa propiedad fue adquirida por 1,4 millones de dólares por Macalester Limited, una compañía de responsabilidad limitada que se formó en las Islas Vírgenes Británicas y cuya dirección postal principal es un apartado de correos en las Bahamas.

El expresidente huyó de Bolivia en 2003, tras los luctuosos hechos de violencia que dejaron más de 60 muertos y al menos 400 heridos, lo que provocó su dimisión y huida a Estados Unidos, donde actualmente reside.

En su huida, de acuerdo a la Fiscalía General de Bolivia, habría sacado alrededor de 22 millones de dólares de las reservadas internacionales de uno de los países más pobres del continente.

Según El Nuevo Herald, el estatus de inmigración de Sánchez de Lozada no está claro.

También reveló que el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, se estableció en el sur de la Florida y forma parte de firmas que controlan negocios inmobiliarios en Miami por un valor de unos 9 millones de dólares.

En Bolivia, la ex autoridad es acusada por organizar una operación policial en la localidad de Warisata, que dejó cinco campesinos muertos por bala.