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09/10/2016 - Comenzó el juicio oral

Exigen condena a responsables del secuestro y abuso de una mujer trans

Desde la organización de derechos humanos manifestaron su solidaridad con Celeste a pocos días de haber comenzado el juicio oral y público, en el cual se determinará la responsabilidad de los agentes policiales de la Seccional IV que la secuestraron durante varios días en el año 2013 y, que junto a otras personas detenidas, la sometieron a diferentes actos de abuso, violencia sexual y psicológica.

El martes 4 comenzó el juicio oral y público por el caso de Celeste, una chica trans de Tucumán de 24 años, que fue secuestrada por la policía, abusada sexualmente y torturada en el 2013.

El juicio está a cargo de la sala III en lo Penal del Poder Judicial de la Provincia, cuyo tribunal está conformado por los doctores Dante Ibáñez (presidente), Néstor Macoritto y Fabián Fradejas (vocales), los mismos jueces del caso de Belén. Los policías acusados, todos actualmente en funciones, son: Rubén Ernesto Aguirre, Walter Francisco Trejo, Miguel Antonio Concha, Ramón Julio César Ledesma, Roberto Antonio Gallardo y el entonces jefe de la comisaría, Aldo Omar Quiroga. 

"Resulta fundamental considerar la situación de doble vulnerabilidad y desprotección en la que se encuentra Celeste, por ser parte del colectivo trans, y por pertenecer a uno de los sectores de menores recursos de San Miguel de Tucumán", comentaron desde la ONG.

En este sentido, afirmaron que tal como suele sucederle a las miles de personas transexuales, travestis y transgénero, desde que inician el reconocimiento de su identidad autopercibida en Argentina y América Latina, Celeste ha sido expulsada de diferentes espacios de socialización a lo largo de su vida, entre ellos la escuela. Así, llegó a sus 24 años de edad sin saber leer ni escribir, lo que, en conjunto con su situación económica desfavorable y la falta de dispositivos del Estado que lleven adelante acompañamientos efectivos en este tipo de procesos, se convierte en un verdadero obstáculo para garantizar el acceso a la justicia de este colectivo.  

Al respecto, desde el Área de Género y Derechos Humanos de andhes, agregaron que "en situaciones de especial vulnerabilidad, como la de Celeste, los operadores de justicia involucrados deben tener en cuenta especialmente lo establecido por las Reglas de Brasilia, que regulan el acceso a la justicia de las personas en especial situación de vulnerabilidad, así como los Principios de Yogyakarta, que reconocen las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género, ambos instrumentos internacionales vigentes en nuestro país".

Por otro lado, desde la organización consideran de vital importancia que los responsables de haber secuestrado y abusado a Celeste sean condenados ya que los hechos denunciados se enmarcan dentro de las prácticas policiales que sistemáticamente vulneran los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que fueran denunciados por la organización ante Naciones Unidas en los últimos días. 

Finalmente, desde andhes solicitaron a todas aquellas organizaciones y particulares interesados, sumar adhesiones al comunicado oficial de la causa  a las agrupaciones sociales, políticas y académicas, así como también a militantes y activistas por los derechos de la diversidad sexual y derechos humanos en general, adherir al comunicado oficial de la causa (https://www.facebook.com/notes/centro-educativo-trans-de-puertas-abiertas/comunicado-de-organizaciones-sociales-justicia-para-celeste/303534413336559)  enviando un email que indique nombres/denominaciones y pertenencia institucional a cetrans.tucuman@gmail.com.

El caso

A Celeste los policías la secuestraron de su casa. Entraron a su domicilio, sin que exista ninguna orden judicial, y se la llevaron detenida por supuestas faltas al código de contravenciones en la calle. Fue trasladada a la Comisaría 4°de San Miguel de Tucumán donde la encerraron en un calabozo con presos varones. Allí fue violada por policías y reclusos. Para humillarla aún más fue obligada a realizar la limpieza en la comisaría. Estas vejaciones se repitieron durante los días de su secuestro poniendo en riesgo su vida. Estuvo incomunicada y sin posibilidad alguna de acceder a un abogado. Consiguió escaparse y se dirigió al hospital Centro de Salud donde fue examinada y denunció el infierno que había vivido. Posteriormente realizó la denuncia en el Inadi. Celeste en aquel momento tenía 21 años.

Frente a las continuas amenazas y hostigamiento de la policía, Celeste consiguió custodia de la  policía federal.

Cabe destacar que Celeste no pudo constituirse como querellante debido a la falta de asistencia del Estado y el accionar de la justicia. La acción la encabeza únicamente el Ministerio Público Fiscal, representado en esta ocasión por la Fiscal Estela Gifoniello.