AMPLIARCárcel

04/10/2016 - Andhes ante la ONU

Denuncian la grave situación de derechos humanos vinculados a seguridad en Tucumán

La organización de derechos humanos informó al Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, la situación en que se encuentran los principales lugares de detención de personas con causas penales y contravencionales en Tucumán y la vigencia de la ley de contravenciones

A la vez que expresaron su preocupación por los hechos de tortura llevados a cabo por agentes de diferentes fuerzas de seguridad y la falta de reglamentación de la ley que crea la Comisión Provincial Contra la Tortura. 

Desde la ONG, afirmaron que las condiciones edilicias/estructurales en que se encuentra el Penal de Villa Urquiza, así como las demás dependencias policiales, generan un grave daño físico y psíquico en quienes son privados de su libertad, violentándose así lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución Nacional Argentina, 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Reglas 10, 11, 12, 15 y 21 de las Reglas Mandela que expresamente refieren que "toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, prohibiéndose todo tipo de torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". 

Asimismo, pusieron en conocimiento la existencia de casos de torturas llevados a cabo por diferentes agentes de fuerzas de seguridad, expresándole que en su mayoría "éste tipo de hechos no son denunciados por no existir mecanismos eficientes que protejan al denunciante, o porque al ser recepcionadas las denuncias por el Poder Judicial no se les brinda la entidad suficiente para realizar una investigación seria. Es decir que los mecanismos actuales son insuficientes y, además, no se encuentran adecuados a los estándares internacionales".  

En este sentido, desde el Área de Seguridad y DDHH de la organización manifestaron que se informó al Sr. Relator de Naciones Unidas sobre "la vigencia de la privación de la libertad por aplicación de la Ley de Contravenciones Policiales, a pesar que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que la Corte Suprema de Tucumán ordenó la prohibición de la privación de libertad inmediata de personas acusadas de cometer una contravención en el marco del Habeas Corpus presentado por los Fiscales Gianonni y López Ávila"[1]. 

Asimismo, desde andhes, informaron que pusieron en conocimiento de Naciones Unidas que la provincia de Tucumán creó el mecanismo de prevención contra la tortura mediante una ley sancionada el 24 de marzo de 2012, sin que a la fecha haya sido reglamentada ni puesta en funcionamiento. 

Finalmente, desde la ONG recordaron que "mientras no existan por parte del Estado políticas seriamente pensadas y adecuadas a los estándares internacionales, resulta imposible pensar que existe una voluntad política abocada a tratar las causas profundas de la seguridad. El respeto a los derechos humanos es una condición de toda política de seguridad y no un obstáculo para alcanzar sus objetivos. Es necesario terminar con la utilización de la inconstitucional ley de contravenciones policiales; que el mecanismo local de prevención de la tortura comience a funcionar en forma inmediata para ejercer su rol de contralor de los establecimientos donde cientos de personas se encuentran privadas de libertad y el acondicionamiento de todos aquellos lugares donde el Estado priva de libertad personas".