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AMPLIARLesa humanidad

Fuerte repudio a la suspensión de la Megacausa 3 en Santiago del Estero

La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia junto a otros organismos de DDHH, agrupaciones sociales y políticas, movilizaron ayer por las calles de la vecina provincia en repudio a las resoluciones de la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal de la Nación que resolvió suspender el juicio oral de la denominada "Megacausa" en la que se juzga a dos ex jueces federales y 12 ex militares y policías por delitos de lesa humanidad, cometidos antes y durante la última dictadura militar.

La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia junto a otros organismos de DDHH, agrupaciones sociales y políticas, movilizaron ayer por las calles de la vecina provincia en repudio a las resoluciones de la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal de la Nación que resolvió suspender el juicio oral de la denominada "Megacausa" en la que se juzga a dos ex jueces federales y 12 ex militares y policías por delitos de lesa humanidad, cometidos antes y durante la última dictadura militar.

El máximo tribunal hizo lugar al recurso de casación con efecto suspensivo, tras la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que a principio de esta semana había resuelto proseguir con las audiencias de la "Megacausa 3" por interpretar que "hasta tanto no seamos apartados, debemos seguir con el desarrollo del juicio".

Por este motivo ayer se realizó una importante movilización en Santiago del Estero, donde además se leyó un documento donde los organismos de DDHH sostienen que "no es la primera decisión  que  atenta contra la continuación  de  la política de enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad;  ésta se suma al revocamiento del procesamiento   de Pedro Blaquier y Alberto Lemos en la emblemática causa del Apagón del ingenio Ledesma y a la anulación  de la sentencia del juicio por la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca, que absolvió a los represores que se encontraban  condenados a perpetua, entre otras decisiones".

Este juicio tiene frente al Tribunal en el banquillo de los acusados, (entre otros imputados) a  dos ex funcionarios civiles de la dictadura: Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo De Arzuaga. Ambos tuvieron a su cargo la justicia durante el terrorismo de estado y la responsabilidad por lo tanto  de garantizar la vida y la integridad de muchos ciudadanos y no lo cumplieron. "Estos, que por algún trasnochado fueron definidos como señores de la vida, eran en realidad señores de la vida y de la muerte  de cientos de santiagueños detenidos, torturados, asesinados  y desaparecidos. No fueron cómplices; fueron parte  necesaria en el plan sistemático de exterminio y deben enfrentar la justicia junto a los otros responsables de los distintos estamentos del estado que fue montado como una maquinaria de exterminio", explicaron.

El fallo que decide la suspensión  del Juicio de la Megacausa 3 se suma  a una larga lista de incidentes por lo que atravesó este proceso que llevó  más de 12 años  de instrucción; "esta decisión de hoy es  un nuevo  intento de obstaculizar la marcha de la justicia  y de lograr la impunidad por la que vienen bregando desde que se tomó la decisión de enjuiciarlos", resataron.              

En síntesis

El TOF que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 34 víctimas y por los que hay 14 imputados, se encuentra integrado por los jueces federales Ramos Padilla (procedente de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires), José María Pérez Villalobos (Córdoba) y la tucumana Alicia Noli.

Los planteos que derivaron en la suspensión del juicio oral, surgieron cuando los abogados defensores de los imputados pusieron en duda la imparcialidad de Noli debido a que fue querellante en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" y a que su esposo, Enrique Sánchez, fue secuestrado y desaparecido en 1976 y sus restos fueron identificados entre las víctimas sepultadas en el enterramiento clandestino de Pozo de Vargas, en Tucumán.

Los letrados interpretaron que la decisión de la Sala IV de Casación de hacer lugar a las quejas de las defensas "deberían provocar automáticamente la suspensión de las audiencias de debate a los fines de no incumplir el compromiso del Estado nacional en el juzgamiento de estas causas con imparcialidad e independencia".

En la última audiencia, realizada el martes pasado, el TOF había decidido pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 19, para realizar inspecciones oculares en el ex edificio del Juzgado Federal de Santiago del Estero y en la Escuela de Policía "Coronel Lorenzo Lugones", utilizado como centro clandestino de detención, en la que ex presos políticos denunciaron apremios ilegales y simulacros de fusilamiento.