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AMPLIARLos Hornos de Lonquen funcionaron durante la dictadura

7 policías chilenos condenados por desaparecer a campesinos en 1973

Siete funcionarios de la policía uniformada de Carabineros, actualmente en retiro, fueron condenados ayer a entre 15 y 20 años de cárcel por los secuestros calificados de 15 campesinos en octubre de 1973 y que fueron hechos desaparecer en el denominado caso "Hornos de Lonquén".

Detalles.

La tragedia de estas tres familias de Isla de Maipo (46 kilómetros al surponiente de Santiago), permitió en 1978 dejar al descubierto ante la ciudadanía la existencia de los desaparecidos, reiteradamente negados por la dictadura.

Las autoridades de facto llegaron a negar a estos campesinos ante Naciones Unidas, diciendo que eran un invento del comunismo internacional.

Pero los hechos fueron más fuertes y a partir de esta fecha, y tras cinco años, la prensa oficial dejó de hablar de presuntos detenidos desaparecidos.

La jueza especial designada para causas por violaciones a los derechos humanos, Marianela Cifuentes, sentenció a 20 años de presidio a los carabineros Marcelo Castro como autor de secuestro calificado de 15 personas que a esa fecha tenían entre 17 y 51 años. A estos se suman David Coliqueo, Justo Romo, Félix Sagredo, Jacinto Torres y Juan José Villegas a 15 años de presidio; y Pablo Ñancupil a 15 penas de 60 días de cárcel como autor de secuestro simple.

Las víctimas eran los hermanos Rodolfo, Sergio, Segundo y José Manuel Maureira Muñoz, y su padre Sergio Maureira Lillo; los hermanos Carlos, Nelson y Oscar Hernández Flores; los hermanos Omar y Ramón Astudillo Rojas y su padre Enrique Astudillo Alvarez; además de Miguel Brant Benavente, Iván Ordoñez Lama, José Manuel Herrera Villegas y Manuel Navarro Salinas.

Los restos de los campesinos fueron hallados en unos hornos de Lonquén (a 17 kilómetros de distancia de sus domicilios), cinco años después de haber sido sacados de sus hogares. Cuando sus familiares -que durante cinco años los buscaron incansablemente- aguardaban la entrega de sus restos para darle sepultura, los organismos de seguridad dinamitaron el lugar. Simultáneamente, el dictador Augusto Pinochet ordenó la operación "retiro de televisores" como se denominó la exhumación e inhumación en otro lugar de los detenidos desaparecidos, con el fin de impedir un caso igual al de Lonquén. Tras la resolución judicial, Emilio Astudillo, presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de las víctimas, valoró el fallo pero no así las condenas: "Vamos a apelar a esta sentencia. No corresponde al delito cometido".

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar la suma total de 8,2 millones de dólares a los familiares.