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Sadop rechaza que el Estado maneje la Caja Complementaria Docente

Piden a la Justicia que declare inconstitucional una resolución que permite al gobierno nacional manejar fondos por más de $2.000 millones que los docentes aportan como adicional para su jubilación.

El Sadop conjuntamente con la Ceo presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional a fin de solicitar que se declare inconstitucional la Resolución Nro. 450/2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), que dispone que la Secretaría de Seguridad Social conjuntamente con la AFIP se haga cargo del cobro de los aportes que corresponde a la Caja Complementaria para la Actividad Docente.

“No corresponde lo que quieren hacer. El Estado quiere inmiscuirse de una manera indebida en el manejo de fondos que pertenecen al descuento de un sector de la docencia que se utiliza para complementar su jubilación y que corresponde al 4,5% del salario de los activos para que una vez jubilado el docente tenga un aporte adicional”, comentó Bernardo Beltrán, titular de Sadop en la provincia a Primerafuente.

La Caja Complementaria Docente está regida por la ley 22.804, vigente desde 1984, y contempla a los docentes de las instituciones públicas nacionales transferidas a las provincias -Colegio Nacional, Escuela de Comercio, entre otros- y a los docentes de gestión privada que pertenecen al ámbito nacional. Los fondos con los que se maneja la Caja corresponden al 4,5% de los salarios de más de 300 mil afiliados, entre docentes privados y estatales, y rondan en un monto superior a los 2.000 millones de pesos anuales.

Con la resolución del MTESS, estos fondos pasarán a manos del gobierno y esto preocupa y mucho a los docentes. Temen que el Estado obre con arbitrariedad y termine pagando menos de lo que corresponde. “Nos genera inquietud que la medida se dé cuando estamos viviendo en un contexto de ajuste, de gran desempleo, de pérdida de poder adquisitivo del salario, y no entendemos cual es el objetivo final del gobierno. La recaudación entra a un filtro del estado y por eso tenemos miedo”, sostuvo Beltrán.

En este sentido, el titular de Sadop Tucumán consideró que la medida es “impropia” ya que constituye una violación “a la voluntad de las instituciones sindicales”. “La Caja es una entidad pública que se maneja dentro de una marco de regulación privada y que cuenta con participación del estado, que actúa como contralor. No hay un manejo arbitrario y responde a toda una estructura legal”, sentenció.