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AMPLIARTabaré Vazquez hace el anuncio de UPM

Inversión para tercera planta celulosa en Uruguay sería de 5.000 millones de dólares

La instalación de una tercera planta de celulosa en Uruguay que está en negociación entre la forestal finlandesa UPM-Kymmene y el Gobierno conllevaría una inversión total de 5.000 millones de dólares, dijo ayer el presidente Tabaré Vázquez.

Detalles.

"La empresa va a destinar 4.000 millones de dólares y el Uruguay va a tener que invertir 1.000 millones de dólares", precisó en una conferencia de prensa en la que adelantó que el Estado promoverá la inversión conjunta con privados para lograr las mejoras de infraestructura.

UPM y el Gobierno de Uruguay comunicaron el miércoles que mantienen conversaciones para avanzar en la puesta en marcha del proyecto, cuya concreción estará sujeta a las mejoras logísticas que el país debe implementar en sus devenidas carreteras, red ferroviaria y puerto.

La planta, que se ubicaría en el centro del país sobre las orillas del Río Negro, generaría empleo directo e indirecto para unas 8.000 personas y aportaría entre 2 y 2,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según las estimaciones del proyecto.

Considerando las etapas de trabajo previstas, las obras comenzarían a fines de 2018 y demorarían unos dos años, quedando operativa en el 2020 con una capacidad productiva que superaría los 1,3 millones de toneladas anuales.

Además de los requerimientos de la empresa para mejorar la infraestructura, está la petición de operar bajo régimen de zona franca con beneficios tributarios. El Gobierno estaría abierto a concederle esa figura, la misma que ostentan las dos plantas de celulosa que ya operan en el país.

Uruguay, que ya cuenta con una planta instalada de UPM y otra del consorcio conformado por la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, registró un incrementó de 7 por ciento interanual en sus exportaciones de celulosa en el primer semestre del año, hasta los 625 millones de dólares.

El país sudamericano enfrenta serios problemas de infraestructura y un déficit fiscal de un 3,7 por ciento en el año móvil a mayo que limita los recursos gubernamentales para realizar inversiones, por lo que el país impulsa la puesta en marcha de proyectos de participación público-privada y apela a financiamiento de organismos multilaterales.