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AMPLIAREl ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre en un apretón de manos con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Terremoto político en chile por encarcelamiento del general Cheyre

La detención y el enjuiciamiento al ex jefe del Ejército, general retirado Juan Emilio Cheyre, impactó al mundo político y cuestionó una vez más los oscuros pactos alcanzados con el mundo militar en la prolongada transición a la democracia en Chile.

Un "intocable".

Los fantasmas de la dictadura (1973-1990) volvieron a agolparse con fuerza en la sociedad chilena, pues los hechos imputados a Cheyre ocurrieron a sólo un mes del golpe militar, y lo ubican en el centro de la represión en el regimiento de La Serena donde fusilaron sin juicio previo alguno a 15 partidarios del depuesto gobierno de Salvador Allende.

"Cheyre fue blindado políticamente, esa fue la realidad, fue como el niño maravilla de la transición, del Ejército y la democracia", manifestó la abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, viuda del periodista Carlos Berger, asesinado en Calama por la misión militar de la Caravana de la Muerte.

La defensa de Cheyre argumentó que era sólo un teniente de 24 años al momento de los trágicos sucesos en los cuales no tuvo participación. Pero los inéditos testimonios prestados después de 43 años ante el juez especial Mario Carroza derrumban dicha tesis. En particular, Nicolás Barrantes, hermano de una de las 15 víctimas, quien identifica a Cheyre como aquel que lo torturó a los 17 años para obligarlo a revelar el escondite de su hermano.

Con gran ascendencia dentro del Ejército, Cheyre llegó a general y fue designado en democracia como jefe de la institución por el presidente Ricardo Lagos en el año 2002. El militar había mostrado un carácter férreo al obligar al ex dictador Augusto Pinochet a someterse a los tribunales de justicia. Simbolizaba el regreso a la constitucionalidad y el espíritu republicano de las Fuerzas Armadas. Su padre, también militar, había investigado el secuestro y crimen en 1970 del jefe del Ejército, René Schneider, cometido por un comando de ultraderecha para impedir que asumiera el poder Salvador Allende. Hace 12 años, como comandante en jefe, Cheyre pidió perdón por las violaciones a los derechos humanos y se comprometió con el "Nunca Más" a las atrocidades que se vivieron en dictadura, acrecentando su imagen de "demócrata". Hoy las víctimas se preguntan qué significó ese gesto. Tampoco debió asumir por su responsabilidad de mando en la muerte de 43 conscriptos en una injustificada jornada de formación en la nieve.

A su salida del Ejército en el año 2006, fue reclutado por la influyente Universidad Católica para dirigir el Centro de Estudios de Ciencias Políticas, al cual renunció el jueves tras ser sometido a proceso, siendo aceptada de inmediato por la casa de estudios que no esperó un veredicto judicial. Como experto internacional integra también el comité asesor frente a la demanda marítima boliviana, y la presidenta Michelle Bachelet deberá decidir si situación.

El ex presidente Sebastián Piñera lo nombró al frente del Servicio Electoral (Servel), pero hoy comunicó su decisión de renunciar, ante lo cual el gobierno deberá actuar rápidamente dada la cercanía con las elecciones municipales de octubre. El juez Carroza justificó hoy la acción judicial contra Cheyre en que "fue fundamentalmente la responsabilidad en el conocimiento de lo que se estaba realizando en las tres horas que estuvo la comitiva en La Serena", que terminó con la vida de 15 personas. Añadió que, sumado a "los testimonios de los testigos presentes en la reconstitución de escena que hicimos en el regimiento de La Serena, coincidió con la imagen de cómo ocurrieron los hechos, son elementos que al momento de resolver se toman en consideración".

Cheyre fue detenido y llevado al comando de Telecomunicaciones del Ejército ocupando la misma habitación del ex jefe de la represiva Dina, general en retiro Manuel Contreras. Fue procesado como cómplice junto a otros ocho oficiales en retiro de la institución.

Se trata del ex comandante del regimiento de La Serena, Ariosto Lapostol y Víctor Hugo Alegre, como autores de 15 homicidios; Jaime Ojeda, Hernán Valdebenito, Guillermo Raby, Hugo Leiva y Mario Vargas Migueles, en calidad de cómplices.

Un octavo imputado es Armando Fernández Larios, quien vive en Estados Unidos bajo el régimen de protección de testigos tras haber prestado colaboración en la causa por el crimen en Washington del ex canciller Orlando Letelier. Carroza anunció que intentará su extradición.