AMPLIARFoto: Diariodeljuicio

08/06/2016 - Lesa humanidad

Entre cuestionamientos al TOF por domiciliaria a imputados sigue juicio Operativo Independencia

La semana pasada el Tribunal decidió otorgarle detención domiciliaria a los imputados Roberto Albornoz, Omar Lazarte y Trucco generó fuertes rechazos de organismos de derechos humanos. Hoy se reabre el debate.

Tribunal Oral Federal de Tucumán decidió, la semana pasada, otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Roberto Heriberto “el Tuerto” Albornoz, acusado como autor material de delitos cometidos en perjuicio de 35 víctimas, autor mediato por 174 casos de violación de domicilio, 230 casos de privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, 220 casos de aplicación agravada de torturas y 129 casos de homicidios triplemente agravados en la Megacausa Operativo Independencia. El genocida acumula ya 4 condenas a prisión perpetua, encontrándose firme su condena en la causa "Jefatura I". A Jorge Omar Lazarte, ex militar, responsable de la supervisión del D2 y Sub Jefe de Policía cuando dicha Jefatura funcionaba como Centro Clandestino de Detención, quien por su parte está acusado como autor material por delitos contra dos víctimas y, por otro lado, como autor mediato de 133 casos de violación de domicilio, 207 casos de secuestros, 175 de aplicación de torturas y 88 de homicidios. Y al ex militar Trucco, condenado a 14 años en la Megacausa "Arsenales II-Jefatura II", a quien le otorgaron el beneficio de la domiciliaria con pulsera eléctronica.

Al respectos organizaciones de derechos humanos de la provincia repudiaron esta decisión ya que consideraron que "las actuaciones de estos tres individuos durante el Terrorismo de Estado, y la desproporción que existe entre estas, con sus secuelas de muertes, desapariciones, cárceles y exilios, que aún hoy perduran en nuestro tejido social y la actitud benevolente, por llamarla de alguna manera, del Tribunal ante la dimensión de esos hechos y las responsabilidades que se juzgan.".

A su vez indicaron que esta práctica "se está convirtiendo en una práctica cotidiana que sienta graves precedentes que atentan contra la administración de una Justicia que repare a las víctimas y garantice el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país".

 Intercambio de información con el ejercito francés

 Verónica Almada Vidal fue la primera testigo en tomar la palabra el viernes pasado ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Es licenciada en Ciencias Antropológicas y formó parte del equipo de trabajo que elaboró los informes del Operativo Independencia, a cargo del Ministerio de Defensa de la Nación, para el cual “se utilizaron archivos administrativos de las fuerzas armadas argentinas y relevaron miles de documentos”, según indicó la testigo.

De la investigación surge la “Quinta Brigada de Infantería” como la “responsable” de Tucumán, donde se  establecieron zonas específicas como la capital de la provincia y el Monte Suroeste para crear fuerzas de tareas: “un agrupamiento temporal de personal que se constituye cuando se necesitaban efectivos inferiores al nivel de oficial”, definió la especialista en archivo y Derechos Humanos.

Además “pudimos constatar las distintas directivas en el marco normativo que la fuerza ejército dispuso para llevar adelante las operaciones, órdenes de personal que organizaban los relevos y refuerzos para el Operativo Independencia”, agregó.

Verónica sostuvo que “durante 1975 se desarrolló el reglamento RC91, que recoge cuestiones que se venían planteando en muchos reglamentos utilizados a fines de los años 60 y principio de los 70 como operaciones contra fuerzas irregulares y la subversión urbana, además de brindar instrucciones para operaciones de seguridad”.

"También existían reglamentos específicos de inteligencia de combate y técnica plasmando un paradigma que se venía gestando desde la década del 60 que es la guerra no convencional contra la subversión o la guerrilla”.

La antropóloga dijo a través de los informes se pudo determinar “que hubo intercambio fluido con oficiales del ejército francés" y un ejemplo de ello es "el reglamento 91, que considera tomar en cuenta las experiencias de Argelia, Indochina y Vietnam, adaptando la doctrina de Francia al marco interno de Argentina”.

A lo largo de su declaración, recordó un dato que  llamó su atención “una vez encontré un documento donde un oficial del ejército declaraba que su tarea fue la de hacer desaparecer cuerpos de detenidos por ser de izquierda”. Éste detalle era puesto en consideración de sus jefes en su pedido de ascenso, claramente era considerado un mérito digno de merecer un premio.

Por último afirmó que se pudo constatar a través de los documentos encontrados  “reclamos de oficiales por afecciones psicológicas producto de haber participado en el 'Operativo Independencia' y realizar tareas de interrogatorios” y explicó que se encontraron archivos que demuestran que “muchos oficiales viajaron al sur de Tucumán para realizar curso de interrogadores con técnicas de inteligencia".

Al culminar la declaración de la testigo, el  imputado Jorge Omar Lazarte, solicitó al TOF la palabra y señaló que la antropóloga “hizo una descripción muy generalizada de la organización de las fuerzas” y negó  “haber recibido algún tipo de bonificación durante su desempeño en el Operativo Independencia”.

Víctimas santiagueñas

Durante la audiencia también prestó declaración Luis Guillermo Garay, actual presidente del Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero y Director del Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología de la UNSE; dedicó la primera parte de su testimonio a explicar cómo se articulaban las provincias de Santiago del Estero y Tucumán dentro del Operativo Independencia. En la megacausa hay víctimas santiagueñas.

El investigador explicó que en un principio Santiago del Estero pertenecía a la Zona 3 del cuerpo del Ejército que dependía de Córdoba, pero luego “por razones de proximidad pasan a trabajar con la Provincia de Tucumán”, especialmente con el Destacamento N°142.

También aseguró que las tareas de inteligencia “sobre disidentes políticos comenzaron en 1972, con el reflote de un área específica en la Policía” y advirtió  que en el 74  se llevaron a cabo  “las primeras acciones represivas donde participaban militares en los interrogatorios”.

Otro dato relevante que aportó el Director Luis Garay, fue sobre los numerosos testimonios y denuncias de personas que vieron cómo el ejército arrojaba cuerpos desde helicópteros en territorio santiagueño. Casualmente muchas de esas personas arrojadas al monte fueron denunciadas como desaparecidas en Tucumán.

El megajuicio Operativo Independencia continuará  en la sala de audiencia del TOF (Chacabuco y Crisóstomo) hoy a las 9, con la declaración de nuevos testigos.