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AMPLIARLos genocidas reclamados por España

Derecha salvadoreña pide a la Justicia que no se extradite a militares asesinos

El derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y un grupo de generales en retiro pidieron ayer a la Corte Suprema de Justicia que cierre el caso de seis sacerdotes jesuitas y niegue la extradición a España de los militares involucrados en la matanza perpetrada por un comando elite del ejército en noviembre de 1989.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Arena, Jorge Velado, acompañado de los diputados y otros dirigentes, declaró que haber allanado las casas de los militares solicitados por España para que respondan por el asesinato de los sacerdotes "es un síntoma directo de persecución a esas personas. Consideramos que con estas capturas ponemos en riesgo los Acuerdos de Paz".

Los seis jesuitas, cinco de ellos españoles, fueron puestos de rodillas y ejecutados con disparos en la cabeza por soldados del ejército en el marco de una ofensiva guerrillera durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y durante el primer gobierno de Arena presidido por el mandatario Alfredo Cristiani.

Exministros de Defensa, generales y coroneles en condición de retiro que estuvieron activos durante el conflicto armado también se reunieron para expresar su apoyo a sus compañeros de armas.

"Hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia a que reitere que la extradición no procede, como ya lo ha hecho en el pasado, y pedimos a las autoridades que cesen de perseguir a los demás militares, porque esto se ha convertido en una persecución política", dijo el exministro de la Defensa, el general Humberto Corado.

Juan Antonio Martínez Varela, otro de los generales salvadoreños en retiro, afirmó que abrir "estas heridas del pasado solo van hacer que pongamos en riesgo los Acuerdos de Paz, entonces lo que hay que hacer es darle la vuelta a la página y olvidarnos del pasado".

La derecha y los oficiales en retiro advirtieron que la persecución a los ex jefes castrenses, capturarlos y extraditarlos España dará inicio una serie de demandas y juicios por crímenes de la guerra. El argumento principal es que están amparados por una ley de amnistía que Cristiano emitió en 1993, luego de que la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas responsabilizó a los militares de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Arena le recordó al presidente Salvador Sánchez Cerén, uno de los cinco comandantes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional durante la guerra, que al igual que la cúpula partidaria, miembros del gabinete, diputados y alcaldes también fueron beneficiados por la amnistía.

El juez de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura con fines de extradición para los 17 militares salvadoreños retirados e involucrados en el asesinato.

La policía salvadoreña capturó a cuatro de los 17 militares reclamados por la justicia española por su presunta participación en el asesinato de los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López.

Con órdenes judiciales, se capturó al coronel Guillermo Alfredo Benavidez, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Ávalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez.

Benavides fue condenado a 30 años de prisión pero liberado en 1993 por la amnistía. El militar era miembro de la promoción conocida como "La Tandona", el grupo de oficiales que integraron la cúpula castrense durante el conflicto armado.

Los otros tres fueron absueltos en un juicio celebrado entre 1991 y 1992, un procedimiento cuestionado por los mismos jesuitas y organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

De los militares requeridos, 16 se encontraban en el país, mientras que el coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y según decisión de la jueza federal Kimberly Swank, será extraditado a España, en lo que se supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos.