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AMPLIARViceministra de Politica tributaria, Susana Rios, ayer en La Paz

Bloqueos de transportistas bolivianos producen pérdidas por 150 millones de dólares

La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, advirtió ayer que la propuesta del sector de transporte pesado, que mantiene bloqueadas las fronteras del país en demanda de una reducción de impuestos, causaría una pérdida para el Estado de al menos 1.000 millones de bolivianos en recaudaciones tributarias.

En conferencia de prensa, Ríos aseguró que algunos puntos del pliego de demandas del transporte pesado son inatendibles, debido a que afectarían los ingresos que recibe el Estado para construir obras sociales en el país, como escuelas, hospitales y carreteras, entre otras.

"La propuesta del sector del transporte tiene alrededor de 1.000 millones de bolivianos (150 millones de dólares), que el Estado perdería en recaudación (tributaria), aspecto que no es atendible porque es una importante suma que requiere el Estado para todos los beneficios que llegan al final a la población, incluso al sector de transporte", remarcó.

Según Ríos, una de las propuestas del transporte pesado plantea el pago único de los impuestos para el sector, es decir, un solo aporte que concentre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), cuya aplicación significaría una pérdida anual en recaudaciones de 513 millones de bolivianos.

Agregó que ese planteamiento también conlleva que el Estado boliviano deje de controlar a todos los proveedores del transporte pesado, en temas de repuestos, llantas o mantenimiento.

Por otro lado, dijo que también piden la abrogación de la norma que establece el reconocimiento fiscal de sólo el 70% de las facturas por la compra de combustibles, ya que ellos quieren que se reconozca el 100% de esas notas fiscales.

Sostuvo que esa norma permite ahorrar cada año al Estado alrededor de 450 millones de bolivianos, parte de los recursos destinados en la subvención de los hidrocarburos, que el año pasado significó un gasto de 2.500 millones de bolivianos y en 2014 alrededor de 5.500 millones de bolivianos.

La autoridad relievó que el transporte pesado tiene en sus manos una propuesta gubernamental para resolver una de sus demandas, referente a la constitución de empresas, que responde al pedido de reducir de 100 a 25 toneladas la capacidad de arrastre que debe que tener una empresa para formalizar operaciones.

"Se les ha mandado un proyecto de decreto supremo que permite darles esta posibilidad", dijo.

Además, sostuvo que se firmó un acuerdo con ese sector, en 2013, que les autorizó a adjuntar gastos de salud, telefonía, alojamiento, vestimenta y otros, como parte del crédito fiscal respecto al descargo del IVA, hasta un monto de 8.880 bolivianos al año.

"Esto está plenamente vigente, se está aplicando y fue socializado por el Servicio de Impuestos Nacionales", remarcó.

"El diálogo siempre fue franco y abierto, no se ha roto, se ha escuchado sus peticiones y se ha respondido buena parte de ellas", agregó.