AMPLIARFuertes señalamientos de Dilma

07/10/2015 - Justicia politizada

Rousseff critica a oposición con actitudes destituyentes

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, criticó ayer a supuestos "golpistas" que buscan anticipar su salida del gobierno y pidió "imparcialidad" a los jueces luego de que el Tribunal Electoral comenzó a investigarla por financiamiento ilegal de la campaña que derivó en su reelección.

La mandataria, miembro del Partido de los Trabajadores (PT), llamó a los jueces a que procedan con "imparcialidad en los juzgamientos" y los instó a que respeten el "derecho a la opinión del otro".

Sus afirmaciones fueron pronunciadas luego de que en la noche del martes el Tribunal Superior Electoral decidió reabrir, por 5 votos contra 2, una investigación sobre presunto financiamiento ilegal da la campaña presidencial del PT en 2014.

La demanda fue presentada por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), dirigido por el senador Aécio Neves, candidato que fue derrotado por poca diferencia de votos ante Rousseff hace 12 meses.

En medio de una crisis política y económica de magnitud el gobierno tiende a catalogar como "golpistas" a todos los cuestionamientos políticos o las acciones judiciales en su contra.

El ministro de Educación, Aloízio Mercadante, lamentó hoy la actitud "golpista" de aquellos que no aceptan haber sido derrotados en el segundo turno de los comicios de 2014 y buscan llegar al poder en un "tercer turno", desestabilizando al gobierno.

Similar sentido tuvieron hoy las declaraciones de Rousseff durante su visita al estado de Bahia, el más populoso de la región nordeste.

"En un país democrático para llegar al gobierno es necesario el voto directo, y creo que la democracia brasileña es suficientemente fuerte como para impedir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político", afirmó Rousseff.

Más allá de los cuestionamientos del Poder Ejecutivo el Tribunal Superior Electoral, órgano del Poder Judicial, informará próximamente cual de sus ministros será el instructor de la causa por la Acción de Impugnación de Mandato Efectivo presentada por el PSDB.

El PSDB sostiene que los gastos electorales de Rousseff fueron financiados con dinero vinculado al escándalo de sobornos y lavado de dinero en la petrolera estata Petrobras, un caso conocido aquí como "Petrolao".

Los abogados del PSDB plantean que las empresas que aportaron dinero para financiar a Dilma lo hicieron luego de recibir contratos en Petrobras y como parte de un acuerdo ilegal con el PT.

El ministro Gilmar Mendes, del Tribunal Electoral, e impulsor de la reapertura de la causa, expresó su conformidad con la decisión pues permitirá ligar las próximas averiguaciones del tribunal electoral con las investigaciones por el "Petrolao".

El escándalo de Petrobras se tramita en la causa "Lava Jato" que se sustancia en la justicia federal del estado de Paraná, en el sur brasileño.

Con el reinicio del proceso el próximo paso es que el PT y el PMDB aporten pruebas para sustentar su inocencia en un proceso que, según observadores, habrá de prolongarse durante meses.

Según el comentarista Gerson Camarotti, del canal Globo News, la apertura de una causa fue "recibida con preocupación en el Planalto", la sede del Gobierno.

"En el núcleo más próximo a la presidenta Dima se opina que el hecho genera una presión extra en un momento en el que el gobierno (esperaba recuperar la iniciativa) en la crisis luego de la reforma ministerial", dijo el periodista.

El lunes Rousseff presentó a su nuevo gabinete de ministros, con más espacio par el PMDB, con lo cual pretende fortalecer su posición en el Congreso donde se tramitan proyectos que el Planalto considera cruciales para resolver la crisis económica. El abogado de Rousseff, Flavio Caetano, expresó su sorpresa ante el reinicio de una causa que ya había sido cerrada. "luego de que las cuentas de campaña fueron aprobadas por unanimidad por los miembros del TSE".

"Vale destacar que la campaña de 2014 ocurrió dentro de la más absoluta normalidad con la presidenta siendo reelecta con el voto de 54,4 millones de brasileños y brasileñas", acotó el abogado de la mandataria.

Para el letrado es un "equívoco" que luego de la aprobación de las cuentas se haya resuelto retomar el caso, lo cual "sólo sirve a la oposición y a aquellos que quieren hacer un uso político del Poder Judicial".