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AMPLIARComisaría Yerba Buena

Determinan que las comisarías no pueden alojar a presos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo lugar al hábeas corpus que habían presentado los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, semanas atrás, luego de un incendio en una comisaría de Yerba Buena.

 De este modo, se dispuso el traslado de los presos que están en dependencias policiales a la cárcel de Villa Urquiza. El plazo para que se realice el traslado es el que había propuesto el Gobierno (culminará en el primer trimestre del año próximo). Mientras tanto, deberá haber personal penitenciario en las comisarías.

En el fallo, los miembros del máximo tribunal delegaron en López Ávila y Giannoni el control de los plazos para el traslado y de la ejecución de las obras en Villa Urquiza. Los fiscales tendrán que hacer un informe cada 20 días.

Además, la Corte Suprema exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a modificar el sistema de detenciones por contravenciones. El Gobierno, en tanto, debería crear la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Andhes considera un avance positivo el fallo

Desde la organización de DDHH remarcaron la importancia del fallo atento que el mismo " solicita el Poder Ejecutivo que implemente un plan de acción para poner fin a la situación violatoria de derechos humanos de personas detenidas en comisarías, y que se garantice el efectivo goce de sus derechos asegurando adecuadas condiciones de salubridad, alimentación e higiene, acondicionando las dependencias policiales y garantizando que en las mismas exista personal penitenciario suficiente". En ese sentido, destacaron la importancia de que el fallo "establezca plazos concretos e instruya dos fiscales a monitorear el proceso de cumplimiento de la sentencia". 

Asimismo, consideran que "es importante destacar que el fallo ordenó, como parte de una solución integral a esta situación estructural de violación de derechos, la reforma de la ley de contravenciones policiales y la creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, aspectos solicitados expresamente por nuestra organización en su presentación en este caso". Además, y hasta que se modifique el sistema contravencional, desde la organización manifestaron importante que el fallo " estableciera la prohibición de la privación de libertad inmediata de personas acusadas de cometer una contravención; la necesidad de regular la intervención de un defensor o letrado particular para cada caso, y la comunicación inmediata a un juez sobre la situación procesal de los contraventores".  

Por otro lado, sostuvieron que la exhortación al Poder Ejecutivo para que reglamente la Ley Nº 8.523, "es un paso de vital importancia para la creación de un órgano compuesto por miembros de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil, que ayude a fortalecer el control de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, mediante visitas regulares y periódicas a lugares de detención".    

Finalmente, lamentaron que el voto de la mayoría no haya acogido la solicitud de andhes, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Asociación Pensamiento Penal (APP), para que se convoque a una mesa de diálogo entre diferentes actores estatales y de la sociedad civil, a los fines de discutir una política pública integral que garantice los derechos de las personas en contexto de encierro. En ese sentido, Ana Laura Lobo Stegmayer, Directora Ejecutiva de andhes, explicó que "además de ser imperioso el cumplimiento de los traslados ordenados junto a la conclusión de las obras de refacción mencionadas en la sentencia, es imprescindible que se convoque a una mesa de diálogo compuesta por los diferentes actores y organizaciones no gubernamentales, tal como lo manifestó la Vocal de la Corte, Claudia Sbdar, en el voto minoritario".