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Cortina propuso una ley para regular las encuestas de opinión

Luego del desacierto generalizado de las encuestas en el balotaje porteño, donde la diferencia entre el Pro y ECO fue de apenas tres puntos, el diputado nacional y legislador electo Roy Cortina presentó un proyecto de ley para regular la publicación de los sondeos de opinión.

“No es legítimo que los sondeos de intención de voto sean utilizados como propaganda política a favor de un candidato en vez de servir de insumo para la definición de eventuales estrategias electorales”, se quejó el socialista.

Cabe recordar que las consultoras avizoraban una ventaja de diez puntos de Horacio Rodríguez Larreta sobre Martín Lousteau, cifra que incluso se mantenía en los boca de urna.

En esta línea, Cortina denunció que ahora se intenta perjudicar a la precandidata presidencial del frente Progresistas, Margarita Stolbizer.

“Ahora mismo estamos siendo testigos del intento de instalar una polarización que en los hechos no existe, invisibilizando la candidatura de Margarita Stolbizer y presionándola para que se baje, cuando es la única que se presenta como una verdadera alternativa”, advirtió el legislador electo de ECO.

Cortina sostuvo que “cuando no se transparenta toda la información que está detrás de cada encuesta, la forma en que son comunicados sus resultados termina distorsionando el escenario que se presenta ante los votantes y es susceptible de incidir en su elección”.

“Queremos evitar que en el futuro se haga un uso arbitrario de los números para favorecer a una opción electoral en desmedro de las demás. Nos importa preservar la capacidad de decisión de los ciudadanos en todas las instancias electorales y priorizar campañas que promuevan el debate de ideas y propuestas, en vez de una carrera de posiciones”, explicó.

En particular, la iniciativa impulsada por Cortina extiende a los quince días previos a las primarias, las elecciones generales y la segunda vuelta, la prohibición de publicar encuestas.

Además, obliga a los medios de comunicación a difundir quién las contrató, cómo se financiaron, los candidatos por los que se consultó y el margen de error que presentan, imponiendo sanciones monetarias en caso de incumplimiento.

Finalmente, impide la difusión de boca de urna en cualquier momento, durante el día de la elección y con posterioridad a su finalización.