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14/07/2015 - Comunas

Fisales López y Giannini piden que se declare la emergencia carcelaria

Los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila solicitaron se declare la emergencia carcelaria y que se adopten urgentes medidas de seguridad y de humanidadpara personas privadas de su libertad

 Los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila solicitaron acelerar las medidas necesarias para concretar el traslado de los presos que en la actualidad se encuentran alojados en distintas comisarías de toda la provincia. El planteo fue realizado este martes durante una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, con la participación de funcionarios del Ministerio de Seguridad, donde los fiscales defendieron el recurso de habeas corpus correctivo que presentaron el 29 de junio último, tras la muerte de dos presos que estaban alojados en la Brigada Norte, en Yerba Buena. En dicho planteo, Giannoni y López Ávila solicitaron al Poder Ejecutivo que se declare la emergencia carcelaria y que se adopten urgentes medidas para que las personas privadas de su libertad sean trasladadas a lugares de alojamiento que garanticen condiciones de seguridad y de preservación de la dignidad humana. También reclamaron que la custodia de los detenidos esté a cargo del personal del servicio penitenciario de Tucumán.

De la reunión realizada este martes participaron los miembros de la Corte Antonio Gandur (presidente), Antonio Estofán, Daniel Posse y Claudia Sbdar; la fiscal de Cámara, Juana Prieto de Sólimo, en representación del ministro fiscal Edmundo Jiménez; el camarista penal Dante Ibáñez, en representación de los jueces penales, y los fiscales Giannoni y López Ávila. En tanto, por parte del Poder Ejecutivo estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, el secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava y el director de Institutos Penales, Guillermo Snaider.

En la audiencia, que se extendió durante dos horas, el Gobierno presentó un plan para el traslado progresivo de los detenidos que hoy están alojados en comisarías de toda la provincia, que incluye la construcción de una nueva alcaidía en la cárcel de Villa Urquiza.

Al respecto, Giannoni precisó que “en esta primera audiencia, en la propuesta presentada por el Ejecutivo se habló de concretar el traslado total de los 676 detenidos que están actualmente en las comisarías en el término de un año”. Sin embargo, la fiscal aclaró: “No estamos de acuerdo con ese plazo porque es bastante amplio, por lo que se trabajará sobre esto”.

Según la titular de la Fiscalía N° 1, “la Corte es la que va a resolver los plazos y condiciones del traslado de los detenidos en comisarías cuando se dicte una sentencia sobre el habeas corpus planteado”.

De todas maneras, Giannoni dijo que “es alentador que se busque una salida al inconveniente que hay por la cantidad de personas alojadas en condiciones infrahumanas en comisarías. Se elevó una propuesta que hay que ver cómo se ejecutará y cómo se controlará y está en manos de la Corte la solución, lo que nos llena de satisfacción”, insistió.

A su turno, López Ávila destacó que en la audiencia “el vocal de Cámara Ibáñez se adhirió al planteo” que fue presentado a fines de junio ante la Corte. Agregó que “se escuchó la propuesta del Ejecutivo a través del Ministro de Seguridad y se peticionaron una serie de medidas de prueba, que deben ser autorizadas por la Corte Suprema de Justicia en los próximos días”.

El responsable de la Fiscalía IV° sostuvo que “todo el Poder Judicial está interesado en que la situación planteada con los presos detenidos en comisarías se resuelva en el corto plazo. Hay que tener en cuenta la cantidad de personal policial que se destina para el traslado diario de personas que están privadas de su libertad dentro de las comisarías, cuando correspondería que esa tarea sea realizada por personal del servicio penitenciario”, argumentó.

Por último, López Ávila advirtió que “es necesario que las personas que estén con prisión preventiva o detención estén alojadas en la cárcel de Villa Urquiza y no en unidades policiales, donde se pone en riesgo al personal policial, a los propios detenidos y a los vecinos de las comisarías ante el peligro de una fuga masiva”.