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AMPLIAREl diputado Felipe Ward (UDI)

Mea culpa de partidos políticos derechistas de Chile

Los partidos políticos de oposición y gobierno en Chile hicieron este viernes un mea culpa por las faltas a la probidad en el oscuro financiamiento de las campañas dejadas al descubierto por el Caso Penta y Soquimich.

Los principales operadores del Grupo Penta están en prisión preventiva por la emisión de facturas con las cuales financiaban a la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI).

La investigación ordenada por el Servicio de Impuestos Internos abrió otras aristas que involucran a más empresas, entre ellas a la Sociedad Química de Chile (Soquimich) de propiedad de Jorge Ponce Lerou (ex yerno del dictador Augusto Pinochet), quien auspiciaba incluso a parlamentarios de la Nueva Mayoría, alianza de centro izquierda en el poder. Ante el estupor de la opinión pública que ha llevado a una fuerte crisis de credibilidad política, los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría y la Alianza firmaron hoy una declaración pública asumiendo las irregularidades.

 "Asumimos la indignación que existe en la ciudadanía frente a conductas reñidas con la ética, en el sector público y privado, y nos dejamos interpelar como partidos políticos, de gobierno y oposición", argumentaron. "Asumimos nuestra propia responsabilidad en estos hechos, y el compromiso de superar esta situación en un marco de legitimidad y en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia", dijeron. "Nuestro mea culpa es transversal, sin apuntar a nadie con el dedo y esperamos que cada cual asuma su propia responsabilidad", recalcaron, en una señal de que no buscan un "arreglo" a espaldas de la ciudadanía que blanquee toda la investigación. Respaldan y valoran la labor de la Comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción, "y asumimos desde ya sus conclusiones como un paso importante para impulsar las iniciativas legislativas que sean necesarias, en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad sobre probidad y transparencia".

Asimismo, se pusieron detrás "la Presidenta Bachelet, en su calidad de Jefa de Estado, un actor central y articulador de aquellas iniciativas que nos permiten abordar los desafíos que nos plantea la construcción de esta nueva institucionalidad".

Aseguraron que a partir de ahora "concentraremos los esfuerzos legislativos en la labor de la Comisión Especial sobre Probidad y Transparencia, creada recientemente en el Senado, y la correspondiente de la Cámara de Diputados, para tramitar aquellos proyectos de ley y mociones parlamentarias que sean conducentes al objetivo señalado, en el más breve plazo".

Ratificaron también el respeto a la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial en la investigación y determinación de eventuales responsabilidades, "y en consecuencia no respaldaremos ningún tipo de impunidad". Insistieron en que también acatan el accionar de Impuestos Internos, del Congreso Nacional, el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, y de todas las instituciones que conforman el Estado de Chile. "Esta es la hora de las instituciones. Es nuestra convicción de que Chile cuenta con recursos institucionales para hacer frente a la grave situación que compromete la credibilidad de las autoridades, públicas y privadas".

El documento fue firmado por los timoneles de los principales partidos del país: Osvaldo Andrade (PS), Javier Macaya (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Jaime Quintana (PPD), Guillermo Teillier (PC), Ernesto Velasco (PRSD) e Ignacio Walker (DC). No firmaron los movimientos de centro derecha Evópoli y Amplitud ni el Partido Izquierda Ciudadana, de gobierno.

El gobierno valoró el documento por "el reconocimiento explícito que realizan estos partidos al liderazgo de la Presidenta para avanzar hacia una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia, que regule de manera muy exigente la relación entre política y dinero".

El ministro portavoz, Alvaro Elizalde, afirmó que "el gobierno va a mantener de manera inalterable su rol de garante de la independencia de los organismos fiscalizadores, de los órganos de la justicia, para el desarrollo de su trabajo". La nueva estrategia de La Moneda pareciera apuntar a que se ordene la situación política y ya no actuará como "mero espectador" ante el desfile de políticos ante la Fiscalía, toda vez que sus alas también están dañadas.