AMPLIAREl juez de la dictadura

09/04/2015 - Lesa humanidad

Nuevos testimonios complican la situación del ex juez Manlio Martínez

Con el correr de los días se incrementan los testimonios que aseguran que el ex juez Manlio Martínez colaboró con las fuerzas represoras durante la última dictadura militar. Ayer prestó testimonio el secretario de Derechos Humanos de Tucumán Humberto Rava.

 Humberto Rava, el actual secretario de Derechos Humanos de la provincia, es uno de los presos políticos de la dictadura que más años pasó en la cárcel de Villa Urquiza. Sus padres también fueron secuestrados. 

Ayer, declaró en el juicio que se sigue al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, acusado de haber asegurado la impunidad de quienes perpetraron la matanza de cinco personas, en mayo de 1976. 

 Ante el tribunal que preside Carlos Jiménez Montilla, Rava contó que pasó ocho años, cuatro meses y tres días en la cárcel. "Fui liberado el 19 de julio de 1983 a las 11 de la mañana", especificó. 

Cuando lo llevaron a declarar ante el entonces juez federal Martínez, "estaba destrozado", contó. 

Su madre, Sara, pasó un año detenida, y fue víctima de maltratos en la cárcel, según recordaron ex presas políticas que compartieron cautiverio con ella. 

También declaró Jorge Páez de la Torre quien fuera secretario de Martínez entre 1976 y 1984 cuando fue despedido. El testigo defendió al imputado. Afirmó que jamás nadie declaró esposado frente al juez Martínez, contradiciendo decenas de testimonios. También aseguró que el juzgado de Martínez no actuaba bajo presión de las fuerzas armadas. El ex juez durante las primeras audiencias aseguró trabajar bajo presión.

A su vez, el miércoles un testigo dijo que el juez federal Manlio Torcuato Martínez "no quería tomar las denuncias de las torturas" que recibían en los centros clandestinos de detención, durante una nueva jornada del juicio oral contra ese magistrado. "Yo quería denunciar todas las torturas que había sufrido en la Escuelita de Famaillá, pero me contestó que no podía y hasta me amenazó con que me iban a llevar de nuevo a ese centro clandestino si seguía insistiendo”, afirmó el testigo Pedro Rodríguez durante su declaración.

“Manlio Martínez me hizo una causa por asociación ilícita junto a otras personas, Irene Gonzáles, Norma Gonzáles y Esteban Lazo (...) En la cárcel de Sierra Chica estuve detenido con el juez Jesús Santos, él nos dijo que estábamos jodidos porque nuestras causas estaban a cargo del Juez Manlio Martínez que era representante de los militares”, recordó Rodríguez.

Rodríguez fue secuestrado tres veces en distintos años, en su última detención el 29 de enero de 1976 fue llevado a Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Escuelita de Famaillá y luego recorrió distintas cárceles del país, hasta que fue liberado en julio de 1980.

Por otra parte, durante la audiencia, la defensa pública recusó al presidente del tribunal Hugo Norberto Cataldi, por solicitar que el testigo reconociera al imputado dentro de la sala de audiencia, pero luego de un cuarto intermedio el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de recusación.

En este sentido, Diego Velasco, fiscal federal, indicó que “las cuestiones que ha planteado el presidente del Tribunal se deben a que hubo una actitud bastante irrespetuosa por parte de la defensa no sólo hacia los testigos sino también hacia los magistrados, hasta en un tono provocador”.

“En ningún momento se ha demostrado una falta de parcialidad como alega la defensa, sino que ha dirigido el debate, en base a las reglas del mismo”, agregó Velasco.

El ex juez federal Torcuato Martínez está imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por encubrir el homicidio de cinco militantes montoneros durante la última dictadura cívico militar.

El 20 de mayo de 1976, policías y militares ejecutaron a Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen durante un allanamiento ilegal en una casa que pertenecía a Miguel Romano.