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AMPLIARDaniel Bravo junto a personal de Justicia

Chicos como sujetos de derechos

Representantes del Ministerio de Desarrollo Social y del Poder Judicial, se reunieron para continuar trabajando en la optimización de la aplicación de la Ley 26.061 de Protección Integral.

Una reunión intersectorial entre áreas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y del Poder Judicial se llevó adelante el pasado lunes en el Palacio de Tribunales con el objeto de avanzar en los protocolos de intervención de ambos sectores para casos de acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes en el marco de la Ley 26.061 de Protección Integral.

La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela Bravo, explicó que se conformó una comisión con representantes de ambos poderes con la intención de ordenar el circuito para aplicar las medidas de protección a niños, niñas y adolescentes que tienen sus derechos vulnerados.

“Nos reunimos con frecuencia mensual y en la última reunión acordamos hacer una presentación de la oferta institucional de los programas que existen y los circuitos vigentes para que también los miembros del Poder Judicial puedan conocer con más detalle cómo está conformado el Ejecutivo y cuáles son las  vías de canalización de las solicitudes”, expresó Bravo.

El encuentro del lunes estuvo abierto no sólo a los miembros de la comisión sino a todos los jueces, defensores, camaristas y técnicos de gabinete. Además de Bravo, estuvo la directora de Atención a Familias en Riesgo Social, María Victoria Aldonate, para presentar la tarea que viene desarrollando su Dirección.

“Entendemos que para llevar adelante las modificaciones que hacen falta en las prácticas tiene que estar sumado como actor clave el Poder Judicial”, afirmó.

Respecto del protocolo vigente para la atención de niños víctimas o testigos contra la  integridad sexual, Bravo expresó que está en vigencia desde el año pasado. “Ahora estamos en una etapa de implementación y evaluación”, reveló.

“Estas reuniones nos permitieron avanzar hacia otras temáticas de protección de derechos y con adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de convenios que en esencia, son acuerdos de trabajo para ordenar las intervenciones y profundizar sobre roles, competencias y prácticas”, señaló la funcionaria.

Agregó que “venimos con un buen trabajo de articulación, con un paradigma muy instalado y toda la estructura técnica y administrativa en función de un paradigma diferente para aplicar nuevas prácticas relacionadas con poner focos en circuitos administrativos y a que se interprete de la misma manera la normativa vigente”.

Finalmente manifestó: “Se prepara el terreno para que hablemos más de protección integral y para concientizar al resto de la estructura del Ejecutivo en función de cuál es el lugar de las políticas públicas y de las decisiones judiciales”.

En tanto, la jueza de Familia de la 6º Nominación, Claudia Inés López, destacó el diálogo entre los juzgados y la Dirección de Familia.

“Es importante el diálogo entre los juzgados y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para coordinar las intervenciones, porque en el marco de la ley 26.061 de protección integral es necesario un abordaje coordinado de las intervenciones de los poderes Ejecutivos y Judicial”, opinó la magistrada.

En los últimos meses del 2005, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.061 de Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, acorde a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Significó un cambio de paradigma por el que los chicos dejaron de ser objeto de tutela del Estado para pasar a ser sujetos de Derechos. Es decir, comenzaron a tener status de ciudadanos plenos.