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06/02/2015 - Pueblos originarios

14 familias diaguitas fueron desalojadas en Colalao del Valle

14 familias miembros de la Comunidad Indio Colalao de la Nación Diaguita del valle de Choromoros fueron desalojadas por la fuerza policial de la provincia de Tucumán. La orden la dio el Francisco Pisa y fiscal Adriana Giannoni.

A las 6 de la mañana de ayer, arribaron al territorio comunitario de la Comunidad Indio Colalao (personería jurídica Nº 0033/11 RENACI – INAI - MDS), más de un centenar de policías de la regional norte y del grupo cero de Tucumán, junto a la caballería e infantería, en micro, motos y camionetas. 

“El desalojo estuvo comandado por el Subcomisario Juan José Alccorser y Mansilla de la regional norte, quienes con total prepotencia e impunidad llevaron adelante el acto, la medida se llevo adelante de manera violenta, con amenazas y aprietes a los comuneros para obligarlos a abandonar sus viviendas y pertenencias”, informaron los comuneros.

Las familias afectadas por el ataque habitan el territorio comunitario desde siempre, están en riesgo sus vidas, el territorio comunitario, sus bienes y pertenencias, además de sus viviendas, sembrados y animales.

La orden fue emitida por la fiscalía 2º nominación, juez Francisco Pisa y fiscal Adriana Giannoni, con el objetivo de favorecer a un tercero que pretende usurpar territorio originario de nombre Ana Mascoff.

Promediando las seis de la tarde de ayer,  desde la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita comentaron a este medio que “aun están todas las fuerzas. Los comuneros se están convocando en asamblea. Todo indica que las fuerzas quieren avanzar sobre las viviendas para destruirlas”.

También resaltó que Mascoff “logró algún boleto de compra venta y se dice titular registral en territorio comunitario”. 

Mediante un comunicado la comunidad exigen “a los organismos nacionales y provinciales responsables de las políticas de derechos humanos asumir responsablemente una política pública especifica, respetando al sujeto pueblos originarios y su diversidad cultural para comenzar a reparar años de genocidios y etnocidios”.

Agregan: “somos poseedores ancestrales y habitamos en él desde siempre, que los infames no pretendan usurpar nuestros territorios y quebrantar nuestra paz. Responsabilizamos a la justicia, la fuerza policial, a los órganos provinciales y nacionales, quienes deben brindar garantías de seguridad jurídica y social a los pueblos originarios”.

Por este motivo exigen “¡Jury de Enjuiciamiento a los jueces corruptos que violan nuestros derechos! ¡Relevamiento territorial y ley de propiedad comunitaria indígena ya!”.