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AMPLIARGonella

Gonella calificó su procesamiento como una medida "arbitraria"

El fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, fue procesado ayer por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró la existencia de presunto prevaricato por no incluirse al empresario Lázaro Báez en un dictamen de investigación por supuesto lavado de activos, medida que Gonella calificó como "arbitraria" y "preanunciada".

Hay poco margen para no pensar que es una decisión arbitraria. Todavía no leímos los fundamentos, pero hay cuatro testimonios de funcionarios de la fiscalía que desmienten todo", dijo Gonella en declaraciones a Télam.

Martínez De Giorgi procesó a Gonella y a su segundo Omar Orsi, a raíz de la presunta omisión de incluir al empresario santacruceño Lázaro Báez en un dictamen de investigación.

El magistrado dispuso un embargo de 75 mil pesos para cada imputado, según la resolución de 50 carillas firmada hoy.

Para el fiscal Gonella, el procesamiento "fue preanunciado" en los diarios La Nación y Perfil, lo que denota que hay un sector que deja ver cómo juega políticamente con estas causas.

Gonella recalcó además que los testimonios de los 4 funcionarios judiciales "dejaron en claro que no recibieron ninguna directiva de mi parte para restringir o excluir de la investigación a Báez".

Por otra parte, el fiscal destacó el respaldo recibido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el discurso que pronunció en el acto que se realizó el sábado en la Casa de Gobierno con motivo del día de la democracia.

"Que la máxima autoridad nacional haga esta referencia y otorgue este nivel de respaldo hacia quienes nos dedicamos a investigar es un motivo de orgullo", dijo Gonella.

En tanto, consideró que "ahora, como nunca antes, el sistema judicial exhibe contradicciones entre dos visiones: una justicia corporativa que queda siempre en pocas manos, y un modelo de justicia entendida como servicio público que es la línea del ministerio público y la Procuradora general".

El fiscal se considera "objeto de una persecución", que "excede el análisis jurídico" y consideró que "no es casual que se firmen estas resoluciones y se preanuncien en los medios de comunicación".

Dijo además que estas situaciones tienen que ver con "un mar de fondo" que es el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que plantea una "redistribución de roles en la justicia, lo que genera tensiones en el sistema judicial que ahora, como nunca antes se hacen visibles".