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10/12/2014 - Megacausa Jefatura II - Arsenales II

Una multitud exigió cárcel común a genocidas beneficiados por Casación

Organismos de Derechos Humanos de Tucumán, referentes políticos y gremiales realizaron ayer una multitudinaria marcha en Plaza Independencia repudiando la decisión de Casación de dejar en libertad a los represores condenados en la megacausa Jefatura II – Arsenales II. 

 A pesar de la lluvia militantes de diferentes partidos políticos y gente en general, junto a organismos de derechos humanos, se hicieron presente repudiando tan vergonzoso fallo que garantiza la impunidad. Semanas atrás tanto fiscalía como querellantes pidieron que se retrotraiga la medida, sin embargo del Tribunal de Tucumán se manifestó incompetente ante esa decisión.

“Fue una importante convocatoria, numerosa, la mayoría de los participantes, concordaron en que fue una importante respuesta la que se dio a la vergonzosa resolución de Casación. Si bien hubo un sector que no se sintió comprendido en lo que se expuso, primó en la organización, el respeto, el intento de limar diferencias y centrarnos en lo que era lo principal para los familiares de desaparecidos y las víctimas del plan sistemático de represión y aniquilamiento. Como lo dije en la Plaza, aplausos para la concurrencia, estuvimos juntos a nuestros desaparecidos...siempre presentes!!”, expresó la incansable militante por derechos humanos Marta Rondoletto. 

A principios de noviembre la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de Ana María Figueroa, resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la Megacausa Arsenales II-Jefatura II, vuelvan a prisiones domiciliarias. De esta manera, cesará la imposición de cárcel común resuelta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán.

La Megacausa fue el proceso más grande realizado hasta el momento en el NOA en busca de enjuiciar a los culpables de la represión, la muerte y las desapariciones cometidas durante la última dictadura militar.  

En este juicio se debatió la responsabilidad de 41 personas acusadas de múltiples homicidios calificados, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en dos de los centros clandestinos de detención (CCD) más grandes de Tucumán. En uno de estos, El Arsenal Miguel de Azcuénaga, a partir del impulso dado por los familiares querellantes en la causa y las organizaciones de Derechos Humanos de la provincia,  se encontraron las fosas donde fueron inhumados clandestinamente los desparecidos luego de ser torturados y ejecutados. 

El proceso había dictaminado cuatro cadenas perpetuas, otras 33 condenas de diferente pena y cuatro absoluciones, entre las que destacaban el sacerdote José Eloy Mijalchiyk y el escribano Juan Carlos Benedicto, dos de los cuatro civiles que formaron parte de la causa. 

Ahora, luego de la condena dictaminada por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, Casación resolvió que los 37 acusados vuelvan a gozar de privilegios que por ejemplo, la mayoría de los encausados y condenados por delitos comunes, no tienen. "Por la decisión de la Sala III, los genocidas están otra vez en las calles, entre nosotros", denunciaron al respecto organismos de DDHH que repudiaron la decisión judicial.

Los represores beneficiados son  Ramón Ojeda Fuentes, Ernesto Rivero, Fernando Torres, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Hugo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Luis Varela, Camilo Ángel Colotti, Adolfo Moore, Marcelo Godoy, Benito Palomo, Tomás Guemes, Ramón Cooke, Luis Armando De Cándido, Miguel Chuchuy Linares, Ricardo Oscar Sánchez, Ángel Moreno, Juan Abraham, Rlando Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Oscar Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, Augusto Neme, Guillermo Ugarte, Mario Dursi, Luis Ocaranza, María Luisa Acosta de Barraza, Pedro J. Pasteris, Ramón Jodar y María Elena Guerra.