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30/11/2014 - País

Edgardo Mastandrea, el policía mediático que quiso ocultar su pasado vinculado al terrorismo de Estado

El ex comisario Edgardo Mastandrea, quien durante años se presentó ante la sociedad como un experto en seguridad que denunciaba las irregularidades cometidas por las cúpulas de la Policía bonaerense, comenzó a ser juzgado el martes en el marco de un proceso de lesa humanidad que investiga la desaparición de 24 personas en Junín durante la última dictadura cívico militar.

El proceso esta a cargo del Tribunal Oral 1 de La Plata, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Alvarez y, junto con Mastandrea, también están imputados el ex militar Ángel Paola; los ex policías Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.

Todos están acusados de haber participado en el circuito represivo conocido como subzona 13, dependiente del área 131, en la que funcionaron tres centros clandestinos de detención: la Comisaría Primera de Junín, la Unidad Penitenciaria 13 y el destacamento rural de Morse.

Mastandrea también es juzgado actualmente en San Nicolás en la causa Saint Amant II, que investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados en el área de Pergamino.

El ex oficial de la bonaerense fue denunciado en 2007 por José María Budassi, ex alumno del colegio Don Bosco de San Nicolás, quien fuera secuestrado junto a un grupo de estudiantes de esa institución educativa.

Budassi hizo públicos los antecedentes de Mastandrea cuando este se desempeñaba “como asesor en seguridad” en la campaña presidencial de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien rápidamente se despegó del sospechoso.
“Lo que hacía Mastandrea era participar de los interrogatorios, en los cuales había tormentos. Después armaba los sumarios en la comisaría de Junín, donde entonces era oficial inspector. En base a esos documentos, a los detenidos nos blanqueaban y nos pasaban a los Consejos de Guerra”, explicó el sobreviviente en diálogo con Télam.

El juez de federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo citó al denunciado a indagatoria; lo procesó y más tarde le concedió la excarcelación, sin embargo, organismos de derechos humanos de Junín aportaron nuevas evidencias en contra del ex policía.

Tres años después, y en base a esas denuncias, el juez Daniel Rafecas ordenó la detención de Mastandrea por su participación en el centro clandestino de la Comisaría de Junín, como parte de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército. Mientras ascendía en el escalafón de la fuerza, el hoy acusado de crímenes de lesa humanidad cursó la carrera de derecho y se recibió a finales de los ’70 como abogado.

Trabajó como jefe de una división de combate al narcotráfico con sede en Berazategui, pero con la llegada de Pedro Klodczyk a la jefatura bonaerense, durante la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador, Mastandera resultó desplazado de la fuerza, acusado de cobrarle protección a una red de casinos clandestinos que funcionaba en La Plata.
Comenzó entonces a desfilar por los medios y a presentarse en programas en los que se tocaba el tema de la inseguridad y la corrupción policial.

Los primeros testigos en declarar en el juicio de lesa humanidad de Junín que comenzó hoy contra siete represores, implicaron al ex comisario Edgardo Mastandrea en el secuentro de Rubén Pío Soberano, miltante de las 62 Organizaciones peronistas que fue detenido el 24 de marzo de 1976.

Los testimonios correspondieron a la esposa y los hijos de Soberano, un trabajador del correo que fue capturado por efectivos militares cuando ingresaba a su trabajo.

Silvia Luzardi, la esposa de Pío Soberano, y sus hijos, Pablo y Carolina, que al momento del hecho tenían siete y tres años, relataron el calvario que padecieron tras el apresamiento de este trabajador postal.
“Recorrí las comisarías de Junín, estuve en la Primera, y en el cuartel militar de la ciudad, y nunca pude encontrarlo. Hasta que me instalé con mis hijos en la puerta de la unidad del Ejército hasta que un mayor de apellido Assef me recibió y me dijo que estaba en el penal de San Nicolás”, revivió Luzardi.

Y agregó: “Lo encontramos allí, muy mal de ánimo. Ahí me contó que Mastandrea lo interrogó y le pegó una piña ´con la que le voló una pieza dental”.

La compañera de Pío Soberano contó además que conocía al oficial por su actividad laboral, “de cuando iba a despachar cartas para la Policía”.
“Sin embargo le dijo no sabía quien era y le pegó. Después lo mandó al calabozo y lo trasladaron a San Nicolás. Lo soltaron a los cuatro meses y sufrió mucho”, narró la testigo.

En tanto que Pablo repasó “el sufrimiento” que padeció junto a su madre y su hermana en la búsqueda de su padre, y “las secuelas que la familia debió sorpotar a lo largo de los años”.
“De pibe viví con miedo de que a mi viejo se lo llevaran de vuelta. Era un tipo muy entero, un luchador, y la cárcel lo cambió, lo volvió apocado, tímido”, señaló.

Por su parte, Carolina aseguró que el dolor de aquellos años marcó toda su infancia y le dejó “secuelas en la salud”.
“Nunca puede hacer una vida normal después de los tres años. Viví con miedo de que se llevaran a mi viejo y eso se los trasmití luego a mis seres queridos. Es un trauma que nunca me abandonó”, remarcó.

Otro de los testigos en brindar testimonio fue Carlos Lablunda, militante de la Juventud Peronista, detenido el 18 de marzo de 1976, antes del golpe de Estado, y que permaneció cautivo en la Comisaría Primera, el penal de San Nicolás y luego en la cárcel de Sierra Chica, desde donde salió en libertad en 1977.

“Me llevaron a la comisaría Primera y luego a San Nicolás. Ahí lo conocí a Pío Soberano, en los recreos. La verdad es que lo vi muy mal. Se ensañaron con él por su actividad gremial”, testimonió.

Antes de retirarse, Lablunda pidió la palabra y de frente al Tribunal preguntó con la voz quebrada: “Quiero que Angel Gómez Pola me diga dónde están Pedro Lablunda y Mabel Fontana”.

Aunque el ex militar imputado en este jucio presenció esta audiencia desde la unidad sanitaria del penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido, ello no impidió que la audiencia despidiera al testigo con un cerrado aplauso.

El hoy titular del INEAS, Patricio Griffin, y entonces vinculado a organizaciones gremiales de la izquierda peronista como abogado, repasó las alternativas de su detención y confirmó haber visto a Pío Soberno en la Comisaría Primera y en el penal de San Nicolás.

“Me llevaron a mí, igual que a otros compañeros, por mi actividad política. Creo que era una forma de preparar lo que se venía. Eramos parte de algo que se entendía como la guerrilla industrial que apoyaba las protestas y huelgas que se habían dado en la costa del Paraná”, apuntó.

Tras este testimonio, el Tribunal decidió que las audiencias proseguirán el lunes 1 de diciembre con la declaración de más testigos.

Pío Soberano murió en 2010, y fue una de los primeros en declarar en esta causa y “militó durante años para que se llegará a este juicio”, contaron integrantes de los organismos de drerechos humanos de Junín.

Los acusados son el ex militar Ángel Gómez Pola -que presenció la audiencia por videoconferencia desde el penal de Ezeiza-, y los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar entre marzo de 1976 y fines de 1977, en la denominada subzona 13, dependiente del área 131, según el organigrama represivo que el Ejército desarrolló en la provincia durante el terrorismo de Estado.

Los represores estuvieron bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército que entonces comandaba el general genocida Guillermo Suárez Mason, y el caso que comenzó a juzgarse hoy forma parte de la megacausa del Primer Cuerpo que fue instruida por el juez federal Daniel Rafecas.

Los imputados son investigados por privación ilegal de la libertad de las personas que pasaron por los tres centros clandestinos que funcionaron en Junín a disposición de la Policía bonaerense y el Ejército: la Comisaría Primera, el destacamento Morse y la Unidad Penal 13, que en esos años se encontraba en construcción.

Según la acusación que leyó el Tribunal, “el Estado se desdobló en esos lugares, ya que dispuso que esas instalaciones se utilizaran para mantener cautivas a personas que estaban secuestradas”.

El caso Mastandrea cobró trascendencia en septiembre de 2007 a raíz de su posible candidatura a legislador por la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió, y de incorporarse a los cuadros técnicos de la candidata a gobernadora bonaerense Margarita Stolbizer.