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AMPLIARUn restaurante familiar en La Habana

Cuba busca "más calidad" gastronómica

La privatización en Cuba de negocios de gastronomía debe "elevar la calidad de la oferta y el servicio" sin que el Estado ceda "la propiedad" sobre los medios fundamentales", ni su "protagonismo", según el gobierno.

"El Estado no perderá la propiedad sobre los medios fundamentales de producción, así como su protagonismo y la exigencia", dijo a la prensa local la ministra de Comercio Interior, Mary Blanca Ortega, al explicar los alcances de la decisión oficial de traspasar al "sector no estatal" alrededor de 13.000 cafeterías, restaurantes y otros negocios gastronómicos en el país que emplean a 130.000 personas.

La titular reconoció que el proceso, que se desarrolla de manera paulatina, "tiene el objetivo de elevar la calidad" de ofertas y servicios, los cuales decayeron por décadas bajo la administración estatal. El Estado cubano intervino todos los negocios grandes, medianos y pequeños privados tras declararse un sistema socialista a inicios de la década de los años 60 del siglo pasado. En 1968 una "ofensiva revolucionaria" completó ese proceso.

Más de 20 años después, las autoridades permitieron la instalación limitada de restaurantes privados, con capacidad solamente para 12 clientes a la vez, que los cubanos llamaron como "paladares", como reflejo de una telenovela brasileña muy popular cuyo personaje principal vendía comida a domicilio.

Como resultado de los cambios impulsados desde 2008 por el gobierno del presidente Raúl Castro, el área no estatal, actualmente de más de 470.000 personas, se abrió a 201 oficios, entre estos el de gastronomía. Los servicios gastronómicos privados no solo serán operados por esos "trabajadores por cuenta propia", muchos de los cuales han "montado" sus negocios en sus propias casas o alquilaron pequeños espacios a otros ciudadanos, sino también por cooperativas, que suelen formarse en locales del Estados con los antiguos empleados estatales como accionistas.

Los traspasos de los negocios a los pequeños empresarios y cooperativistas se realizarán mediante firmas de contratos, que fueron definidos por la ministra como el "instrumento legal y la primera relación que se establece entre las partes involucradas". Las cooperativas urbanas privadas o "no agrícolas", alrededor de 500 aprobadas por el gobierno y más de 200 ya en operaciones, se rigen por esos contratos en ramas de servicios como la gastronomía, transporte, construcción, reparaciones diversas y servicios personales y técnicos.

El gobierno ha reconocido que esas formas "no estatales" lograron aumentar la calidad de sus respectivos servicios y los ingresos de sus trabajadores.

Ortega, en sus declaraciones, anunció además que habrá intervenciones estatales en algunos servicios a la población para mantener "los precios actuales" aunque sean privatizados, para evitar "impactos" en el poder adquisitivo de la población.