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AMPLIARFamiliares de las victimas piden preservar los archivos

Familiares de las víctimas piden proteger información de Colonia Dignidad

Familiares y sobrevivientes de Colonia Dignidad pidieron a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que actúe ante el gobierno para proteger la información encontrada sobre archivos y fosas comunes donde estarían enterrados ex prisioneros políticos de la dictadura militar (1973-1990).

Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad (AMCD), junto con Luis Enrique Peebles, sobreviviente del siniestro recinto, y los abogados Roberto Celedón y Magdalena Garcés, expusieron ante los diputados los temas que más preocupan a la organización. 

Entre ellos la impunidad prevaleciente en materia de justicia, las excavaciones pendientes para buscar archivos, evidencias y restos de detenidos desaparecidos, así como la creación de un equipo de profesionales para el análisis de las fichas encontradas en el enclave alemán.

En diálogo con ANSA, Romero valoró la disposición de los parlamentarios para avanzar en los temas de impunidad. La médico ginecóloga, cuya hermana estuvo detenida en dicho recinto, contó que los diputados acordaron enviar un oficio al Ministerio del Interior para solicitar la creación de un equipo jurídico en Alemania, "donde ya existe una abogada que realiza gestiones en forma gratuita", para que dé seguimiento a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para que el evadido Harmut Hopp cumpla su condena. Hopp, médico de profesión, era el segundo hombre del enclave y está condenado por su complicidad en las violaciones a los derechos humanos y los abusos sexuales infantiles cometidos por el fallecido líder de Colonia Dignidad, Paul Schäefer.

También mandarán un oficio a la Cancillería con el fin de que estudie un convenio de colaboración entre el país germano y Chile en materia de causas relacionadas con los derechos humanos, como los que ya se han signado durante la presente administración con Argentina, Uruguay y Brasil.

Asimismo, apoyarán la pronta rearticulación de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía Civil de Investigaciones, desarticulada en la pasada administración de Sebastián Piñera, y la creación de un equipo de profesionales expertos que analicen las más de 46.000 fichas requisadas en Colonia Dignidad y recientemente conocidas. "Este archivo, calificado como archivo de la represión, contiene importante información que no se ha podido aprovechar por la secrecía en que se mantuvieron por nueve años y que puede contribuir a una mayor justicia en causas de derechos humanos, así como en el rescate de la memoria histórica de lo ocurrido durante la dictadura", relevó Margarita Romero a ANSA.

Los integrantes de la AMCD demandaron también que se conozca la totalidad del material requisado en Colonia Dignidad durante los allanamientos realizados por la justicia en los años 2000 y 2005, que no solo consiste en el archivo de fichas ya liberado, sino también en documentación diversa, objetos, fotografías y material audiovisual.

Además, subrayó Romero, "es de fundamental importancia que se realicen excavaciones para la búsqueda de otros archivos que estarían enterrados en Colonia Dignidad y que se reactive la búsqueda de fosas al interior del recinto, pues a pesar del público conocimiento de su existencia, las excavaciones han sido escasas, insuficientes y de resultados nulos".

Se reiteró también la petición de poner fin inmediato a las actividades turísticas al interior del predio, "hoy blanqueado bajo el nombre de Villa Baviera", y recuperar para la memoria todos los espacios que fueron utilizados por los colonos para la práctica de las torturas, el extermino de personas, la fabricación de armas, la confección de las fichas, la inhumación y posterior inhumación de detenidos desaparecidos, y el entierro de información, entre otros.

Paul Shaefer, ex cabo de las SS hitlerianas, se estableció en Chile en 1960 con cerca de 300 colonos alemanes en Parral, 340 kilómetros al sur de Santiago. Allí creó un poderoso enclave que vivió ajeno a las leyes chilenas y que bajo la dictadura militar (1973-1990) se potenció aún más al entrenar a los agentes de la policía represiva de la DINA y servir de centro de detención, tortura y desapariciones de partidarios al depuesto gobierno socialista de Salvador Allende.