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AMPLIARDebe cumplir con el mandato constitucional de demarcar los territorios

La cuestión indígena sigue pendiente en Brasil

Conciliar los intereses de indígenas y productores rurales en la disputa por tierras es otro de los retos del próximo gobierno de Brasil. El país tendrá que encontrar la manera de hacer lo que determina la Constitución brasileña de 1988: demarcar y homologar las tierras tradicionales reclamadas por la población indígena.

Muchas de ellas están ahora ocupadas por el agronegocio, sector que representa el 23% del Producto Interno Bruto y el 44% del total de exportaciones nacionales.

“Este será probablemente el mayor desafío para el próximo gobierno, ya que consiste en tomar una posición ante dos distintas visiones de mundo y de desarrollo”, dice la antropóloga Oiara Bonilla. En una entrevista con Agência Brasil, la experta recuerda que la disputa entre los que defienden sectores como la agropecuaria y los que abogan por diferentes modelos de producción sostenible revela otras cuestiones urgentes, como el cambio climático y las nuevas fuentes de energía.

“La respuesta a todo esto exige una tomada de posición clara por parte de los gobiernos. Así que, siendo muy realista, creo que la tendencia es que, independientemente de quién gane las elecciones, la cuestión indígena siga dejada de lado y a merced de intereses momentáneos”, sostiene la antropóloga. “El problema es que, si no hay voluntad política para hacer frente a este problema pronto, él se va volviendo cada vez más complicado.”

 (Valter Campanato/Agência Brasil)Valter Campanato/Agência Brasil

Derecho a la demarcación

La Constitución brasileña de 1988 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a los territorios imprescindibles a la conservación de los recursos naturales necesarios para el bienestar comunitario y la supervivencia de estos pueblos, de acuerdo con sus propias costumbres y tradiciones. Aunque asignadas a la posesión permanente y usufructo indígena, estas tierras pertenecen al Estado, que debería haber completado la demarcación en 1993, según el plazo de cinco años establecido en 1988.

“El gran reto del futuro gobierno es poner en práctica lo que establece la Constitución respecto al derecho de los pueblos indígenas y a la demarcación de sus territorios”, señala el secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Cléber Buzatto. En su opinión, el retraso en los procedimientos de demarcación aumenta las posibilidades de conflictos entre indígenas y productores rurales. 

En el caso de los indígenas, para quienes la tierra es un bien colectivo, la falta de un territorio, en el que puedan preservar y desarrollar su cultura, viene acompañada de la falta de atención adecuada, altas tasas de mortalidad infantil y de suicidios, amenazas hechas por grandes empresas, y muertes. Solo en 2013, al menos 53 indígenas fueron asesinados como resultado de conflictos por tierras, dice el CIMI. 

En el caso de los productores rurales, la consecuencia del conflicto es la inseguridad jurídica de sus propiedades. “Al demarcar las tierras indígenas, el futuro gobierno debe reconocer los derechos de los ocupantes no indígenas que ahora viven en estas tierras, compensarles por las mejoras hechas de buena fe, y hacer el asentamiento de los que tienen derecho, lo que se puede hacer con la expropiación de latifundios que no incluyan zonas indígenas”, añadió Buzatto.

Terena Foto Terenas/Divulgação CIMI

“Creo que, si el gobierno demarca las tierras indígenas, podrá minimizar mucho el conflicto actual”, sostiene el líder indígena Lindomar Terena, representante de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. “Estamos en una situación difícil. Quien asuma la Presidencia necesitará también un Congreso renovado. Si permanece la mayoría de los parlamentarios que están allí hoy, ningún presidente logrará hacer lo que debe.”

En el censo de 2010, 896,9 mil brasileños se identificaron como indígenas. De éstos, el 63,8% vive en zonas rurales y el 36,2% en zonas urbanas. Los números, sin embargo, pueden estar por debajo de lo real, ya que muchas personas, por diversas razones, no se identifican como indígenas, y los registros oficiales no son confiables. Según el mismo censo, el 68% de la población indígena tenía el registro de nacimiento hecho en una notaría, el 26% solo tenía el registro informal, como un certificado de bautismo, lo que dificulta el acceso a los derechos civiles, y el 6% no tenía ningún tipo de registro.

En el censo, se identificaron 305 distintos grupos étnicos y 505 tierras indígenas que, juntas, ocupaban casi 106,7 millones de hectáreas, lo que equivale al 12,5% del territorio brasileño. La reserva indígena con la población más grande, en 2010, era la Yanomami, ubicada en los estados de Amazonas y Roraima, con 25,7 mil indígenas.

Ruralistas piden transparencia

En el documento titulado “Qué esperamos del próximo Presidente”, entregado a los candidatos presidenciales, la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil reclama medidas que preserven el derecho a la propiedad y garanticen seguridad jurídica a los productores rurales. “A pesar de su importancia para la economía, el sector agropecuario es la principal víctima de esta inseguridad jurídica, sobre todo por cuestiones predominantemente políticas o ideológicas”, dice la Confederación, que pide mayor transparencia en los procesos de demarcación que hoy están a cargo del Poder Ejecutivo.

En la evaluación del sector ruralista, cuestiones “predominantemente políticas e ideológicas” son la base de las “invasiones indiscriminadas” de tierras productivas. Según la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul, al menos 80 propiedades rurales están actualmente ocupadas por indígenas en todo el estado. La Federación de Agricultura y Ganadería de Bahía estima que hay al menos 100 fincas bajo ocupación indígena tan solo en el sur del estado.

La Confederación también reclama la adopción de medidas que restrinjan las invasiones de tierras por indígenas y garanticen el cumplimiento de las sentencias judiciales de recuperación de las tierras ocupadas. Por último, revindica la creación de órganos colegiados a los que se deleguen parte de las atribuciones que actualmente son exclusivas de la Fundación Nacional del Indio, como la decisión sobre cuales tierras serán demarcadas.

Traducción: Leonardo Vieira