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AMPLIARAmbiente sano

20 años del derecho a un ambiente sano

El derecho a un ambiente sano, vigente en Argentina desde la sanción de la Reforma de la Constitución Nacional, el 24 de agosto de 1994, llevó a avances en la materia y también desafíos que están aún pendientes, dijo Jorge Cuello, especialista y docente en la UBA.

La reforma "generó importantes avances en materia de legislación y protección ambiental. Pero a pesar de ello muchos son los desafíos que tenemos por delante, ya que las normas por si solas no garantizan el real y efectivo cumplimiento de lo que prescriben”, dijo a Télam el catedrático, especialista en Derecho Ambiental.

Miembro además del Departamento de Gestión Ambiental de la Auditoría General de la Nación (AGN), Cuello destacó la Ley General de Ambiente (25.675) entre las normas incorporadas tras la reforma 1994.

"La destaco porque instaló el 'principio precautorio', que permite suspender una actividad 'con sólo tener la duda de que su efecto pueda ser contaminante para el ambiente'”, explicó.

La ley establece además “instrumentos como la planificación del territorio, la educación ambiental, o mecanismos de participación ciudadanía como las audiencias públicas”, precisó.

Cuello destacó "la experiencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuando la Corte Suprema de Justicia convocó a empresas, organizaciones ambientales y otros sectores. De esas audiencias surgió el plan integral de saneamiento ambiental y la autoridad de la cuenca (Acumar, creada por ley 26.168", señaló.

También mencionó la Ley de Glaciares, “que permite proteger los recursos hídricos, limitando la minería en determinadas zonas”, y la Ley de Bosques, que encomienda a las provincias elaborar un reglamento en base a un mapa diferenciando zonas (rojas , amarillas y verdes) para restringir el desmonte.

"Si bien el mecanismo se complicó en algunas jurisdicciones, la norma contempló un fondo para subvencionar a los titulares de dominios de tierra afectados por la restricción”, indicó Cuello.

Entre los desafíos pendientes, el docente de derecho ambiental de la UBA mencionó la Ley de Humedales, que ya fue votada en el Senado y está por entrar en Diputados para su aprobación la semana próxima.

Los proyectos sobre presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales impulsados por Elsa Ruiz Díaz (FpV) y el socialista Rubén Giustiniani recibieron antes de ser tratados el asesoramiento de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas.

La iniciativa que obtuvo la media sanción del Senado en noviembre de 2013 está basada en la Convención Ramsar -un tratado de 168 países al que adhirió Argentina en 1975- para el uso racional de los humedales, y su marco legal es similar en la filosofía al de las leyes de Glaciares y de Bosques.

Rubén Quintana, uno de los científicos que asesoró a los legisladores, ésto "es importante porque, ante un avance en la destrucción de un humedal, permite al ciudadano común hacer una presentación judicial basándose en los presupuestos mínimos”, según “Maldito Pantano”, una nota de Cecilia Draghi publicada en el sitio de Exactas el 15 de agosto último.

Entre las deudas pendientes en materia legislativa Cuello mencionó la Ley de Pesca, que a su criterio debe ser modificada para dejar de responder a un régimen obsoleto de explotación ictícola, y la que "obliga a las empresas a reciclar los residuos informáticos", que no fue aprobada.

"Tenemos una gran riqueza ictícola y un régimen obsoleto. La ley debería poner más límites a las licencias de explotación", dijo y estimó necesario que la legislación “obligue" a los buques factoría que "capturan recursos" en aguas argentinas "a incluir valor agregado con el fin de reactivar el sector y la generación de puestos de trabajo nacional”.

Otros desafíos a enfrentar son la sanción de una ley de presupuestos mínimos para regular el uso de plaguicidas o químicos para la agricultura y otra para obligar a reciclar basura informática a los fabricantes de televisores, computadoras, electrodomésticos, baterías y pilas, señaló.

La reforma de 1994 marcó un avance de la democracia con perspectiva en los derechos humanos, sostuvo Cuello sustentado -entre otros aspectos- en el conjunto de tratados y convenciones internacionales en la materia que adquirieron rango constitucional y también en la incorporación de otros "como el derecho a un ambiente o el derecho de los consumidores".