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AMPLIAREl sacerdote Gerardo Joannon

Confirman actuación de cura en adopciones ilegales en Chile

La Congregación de los Sagrados Corazones confirmó que el sacerdote chileno Gerardo Joannon (77 años) participó en adopciones irregulares durante los años 70 y 80 cuando dio por muerto a bebes de adolescentes embarazadas para entregarlos a sus espaldas en adopción.

Así lo estableció la investigación canónica por lo que los superiores decidieron que el religioso sea trasladado a España para recibir ayuda espiritual y psicológica en Madrid.

El sumario acreditó que Joannon participó activamente en los casos de adopciones irregulares que involucran a Maria Alicia Haussler y María Carolina Celedón, esta última madre de la hija de Andrés Rillón, todas jóvenes pertenecientes a los estratos sociales altos.

Se estableció también que el religioso mantiene hasta hoy una relación inapropiada con una de las madres cuya historia fue clave para conocer las entregas de menores "no deseados" que fueron reveladas por el sitio investigación periodística "Ciper".

Se trata de un vínculo de hace más de 30 años con la sicóloga, hoy de 54 años, que en 1983 entregó a su hija después de quedar embarazada de Rillón. El sumario confirmó que Joannon realizó misas en recuerdo de la menor, "a sabiendas de que no estaba muerta".

El superior de la Congregación Alex Vigueras reiteró su perdón a la familia Rillón y a Maria Alicia Haeussler por "no haber reaccionado a tiempo cuando tuvimos los primeros indicios; porque con esa actitud pusimos en duda la veracidad de su palabra y porque nuestros errores han profundizado y prolongado su dolor".

"A ustedes les agradecemos la perseverancia, la larga lucha de estos años para saber la verdad. Nos han dado una lección de amor sus hijas y del inviolable derecho a criarlas como papá y como mamá", agregó Vigueras.

Precisó que si bien los delitos canónicos están prescritos y, por tanto, no corresponde iniciar un proceso canónico ni la aplicación de penas, coincidió con el canonista salesiano David Albornoz, quien sostuvo que los hechos aludidos "son actos constitutivos de faltas graves contra la verdad que dañan la dignidad del ministerio sacerdotal".

La justicia civil indaga además al sacerdote por presuntas sustracciones de menores, asociación ilícita y falsificación de documentos ocurridas en clínicas y hospitales.