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05/08/2014 - Lesa humanidad

El debate oral por la causa Villa Urquiza arrancarán en septiembre

iniciará el 17 de septiembre próximo un nuevo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Penal de Villa Urquiza. Menéndez uno de los imputados. Más de 40 víctimas.

 El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán iniciará el 17 de septiembre próximo un nuevo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Penal de Villa Urquiza, de la capital provincial, y que tendrá entre sus principales acusados al multicondenado Luciano Benjamín Menéndez.

El ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército es el represor que más condenas recibió desde la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad, con ocho sentencias, la última por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, crimen del que ayer se cumplieron 38 años.

La causa caratulada "Villa Urquiza" investiga los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, delitos sexuales y homicidios cometidos en el ámbito del penal, en perjuicio de 39 víctimas.

Los imputados -además de Menéndez- son: Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Daniel Arturo Álvarez, Ángel Armando Audes, Augusto Wertel Montenegro, Santo González, José Víctor Gerez, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Alfredo Ledesma y Héctor Manuel Valenzuela.

El tribunal estará integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas (presidente), Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga (subrogante). Las audiencias fueron pautadas para los días miércoles y jueves a las 9.30.

La causa

Son más de 40 víctimas. La causa tiene varias características. Por un lado, los pabellones destinados a los presos políticos son definidos como “centros clandestinos de detención”. Por otro, el lugar alojó a quienes hasta el día del golpe habían sido funcionarios de las primeras y segundas líneas de la provincia. Y, además, el grupo de mujeres sobrevivientes reunió pruebas para acusar a los imputados por delitos de violencia y abuso sexual.

Los pabellones que alojaron a los presos políticos aparecen en la causa definidos como “centro clandestino de detención”. Eso es así aunque una parte de los detenidos estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y, así, supuestamente legalizados. O tenían sus nombres registrados en los libros del penal. A la luz de la elevación, son el tipo y modo de detención, las condiciones, los desaparecidos, pero sobre todo la ilegalidad de las supuestas condiciones de legalidad, lo que lo ubican bajo esa categoría.

“En el caso particular de Tucumán –dice el escrito–, tanto durante el desarrollo del Operativo Independencia como, con posterioridad, durante la vigencia del gobierno de facto, se adoptaron medidas que repercutieron directamente en el funcionamiento del penal de Villa Urquiza, mediante el recrudecimiento de las condiciones generales de detención. Incluso se habilitó en el penal un lugar de detención destinado a recluir hombres y mujeres calificados como ‘presos políticos’ y/o ‘delincuentes subversivos’, quienes estaban sujetos a un régimen de excepcionalidad que implicaba la suspensión absoluta de sus garantías procesales y penales, y la comisión de delitos en su perjuicio”.


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