La testigo Cristina Román de Fiad aseguró que D'Amico fue quien secuestró al conscripto Germán Cantos. Durante la jornada se escucharon cuatro testimonios.
Cuatro testigos declararon ayer en la Causa Cantos que se debate en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán. Entre ellos Roberto y Angelines Cantos, hermanos de Germán, el joven que desapareció mientras prestaba servicio como conscripto en el Batallón 141 de Santiago del Estero.
También lo hizo Luis Garay, testigo víctima, que fue compañero de estudios y compartió militancia con Germán. Comentó que de los de 14 chicos que militaban en política en esa época 11 están desaparecidos. Entre ellos Luis Antonio, Anabel y Germán Cantos.
A su vez dijo que tiempo atrás una persona que fue conscripto le contó que Cantos estuvo en el Batallón 141. El TOF lo llamará como testigo
Además declaró Cristina Román de Fiad quien ya había prestado testimonio en la Megacausa Jefatura II - Arsenales II. Por entonces declaró que mientras estuvo detenida en el Arsenal, su automóvil era usado para secuestrar personas.
La mujer reconoció al mayor (RE) Jorge Alberto D`Amico, el imputado en la causa, como el secuestrador de Cantos, cosa que no había hecho en su pasado testimonio. La testigo aclaró que en la megacausa declaró por la casusa Sánchez no por desaparición de Cantos.
Román de Fiad, a su vez, precisó que Germán era una persona alegre que en pleno cautiverio cantaba sambas y chacareras.
Durante toda la jornada, la sala estuvo colmada de público que acompañaron a los testigos en sus duras declaraciones.
Cantos tenía 21 años y prestaba servicio como conscripto en el Batallón 141 de Santiago del Estero, cuando fue secuestrado y desaparecido en septiembre de 1976. El acusado eludió en todo momento hablar del secuestro y asesinato del conscripto Cantos, que estaba a su cargo.
El único imputado en la causa es D`Amico, quien era oficial (del arma de Ingenieros) de esa unidad del Ejército, y está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y homicidio calificado triplemente agravado, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, encabezada por el fiscal ad hoc Pablo Camuña. El represor de la dictadura devino años después "carapintada", y también secretario de Seguridad durante el gobierno de Carlos Juárez en Santiago del Esteros
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