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AMPLIAREl pueblo movilizado impidió represas contaminantes

Gobierno chileno rechazó proyecto Hidroaysén

El comité de Ministros rechazó ayer en forma unánime el mega proyecto Hidroaysén, de la empresa italiana Enel, que pretendía construir en la Patagonia chilena cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua.

La polémica iniciativa, que consideraba una inversión total de 5.000 millones de dólares y una línea de transmisión de otros 4.000 millones de dólares, apuntaba a inyectar 2.570 megavatios.

El traspié es para la española Endesa -hoy en un 95% en manos de la italiana Enel- y la chilena Colbún (49%), donde se han invertido 320 millones de dólares. "Se declara rechazado el proyecto HidroAysén", anunció hoy el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, provocando la euforia de cientos de activistas ecológicos que habían aguardado horas, en las afueras de la cartera, y de otros tantos reunidos en un cine en Aysén (1.348 kilómetros al sur de Santiago), provincia que iba a ser inundada por las gigantescas represas.

"Este Comité ha decidió recoger los recursos de reclamación presentados por la ciudadanía y dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y se declara rechazado el proyecto hidroeléctrico HidroAysén", enfatizó Badenier. El proyecto había sido aprobado en 2011, bajo la administración de Sebastián Piñera, contra la cual se movilizó la ciudadanía y planteó 45 objeciones. El titular de Medio Ambiente aclaró que "en el marco de los derechos que tiene cualquier titular, si lo estima necesario puede apelar al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, hasta treinta días después de ser notificado".

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, declaró que "la decisión que se ha tomado hoy no compromete en nada la política energética que hemos diseñado en la Agenda, si no que se refiere específicamente a un proyecto".

Agregó que "la votación ha sido unánime, y como titular de Energía he votado con total tranquilidad y claridad en relación a este proyecto". Argumentó además que "creo que HidroAysén adolece de faltas importantes en su ejecución al no tratar con el debido cuidado y atención los aspectos relacionados con las personas que ahí viven y con la gente que es impactada con este proyecto".

Un emocionado Pablo Orrego, presidente de Patagonia sin Represas, celebró la decisión como "un triunfo país" y agradeció a la comunidad el apoyo en una lucha que se inició hace ocho años y que, incluso, contó con la adhesión de los países vecinos.

Agradeció a la actual administración de Michelle Bachelet, que corrigió el error cometido durante su primer gobierno (2006-2010), cuando ingresó el proyecto para su evaluación ambiental. El director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asun, había calificado HidroAysén como "un proyecto que representa lo peor del abuso de las empresas, lo peor de los vacíos legislativos que existen".

Planteó que representaba "lo peor de la división de las comunidades como resultado de la acción de un conjunto de corporaciones -Colbún y Endesa- que hicieron mucho daño en la Patagonia; dividieron familias completas, incluso".

Pero la iniciativa, completó, "finalmente permitió unir a buena parte de un país tras una misma causa, que es, por supuesto, el respeto al medioambiente, respeto por la vida".

Los ecologistas viajaron incluso a Roma, acompañados del obispo de la zona, Luis Infanti, para sensibilizar sobre los efectos de este proyecto.

El diputado por Aysén, el dirigente social Iván Fuentes, alabó desde el Congreso la resolución ministerial y señaló que "se marca un antes y un después".

"Lo que tengamos que hacer en el futuro con la energía tiene que ser conectado con la ciudadanía, respetuoso con la naturaleza porque los ciudadanos no tenemos otra casa. Si dañamos esto, nos estamos dañando entre todos. La política energética tiene que ser en acuerdo con la ciudadanía", insistió.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, descartó que la decisión del Consejo de Ministros pueda ser vista como una mala señal hacia la industria del sector y el empresariado en general.

"La decisión se ha tomado en el momento, y en las instancias y con la formalidad que corresponde", dijo Peñailillo, y descartó que "respetar la institucionalidad sea una amenaza para alguien, todo lo contrario".

Más allá de la definición del Consejo de Ministros, el Gobierno cree "profundamente en el desarrollo sustentable y el respeto a nuestro patrimonio cultural y natural", añadió.