En declaraciones en su cuenta de Twitter, que recoge la agencia EFE, Rousseff resaltó que los policías tuvieron "amplio derecho de defensa" y que el proceso, celebrado 21 años después de la matanza, estuvo "dentro de las reglas del Estado de Derecho".
Ayer concluyó la cuarta y última fase del proceso, iniciada hace un año, y en total fueron sentenciados 73 agentes, alguno de ellos todavía en actividad, por reprimir un motín carcelario a tiros, que causó la muerte de 111 presidiarios.
Las condenas varían de 48 a 624 años de cárcel a cada uno de los
policías, que podrán recurrir la sentencia en libertad y, en cualquier
caso, no pasarán más de 30 años en prisión, ya que ésta es la pena
máxima que contempla el Código Penal brasileño.
La matanza se remonta al 2 de octubre de 1992 y se inició por un motín
en el pabellón nueve de este presidio, el mayor de Brasil en la época,
que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones
insalubres.
La defensa de los agentes había pedido la absolución, con el argumento
de que en aquel momento no se habían realizado exámenes forenses para
definir qué agentes habían sido responsables de las muertes.
El caso tardó dos décadas en llegar a los tribunales debido a la
dificultad de recopilar las pruebas concretas, algunas de las cuales
desaparecieron de los archivos policiales pocos meses antes del inicio
del proceso en abril de 2013, según la acusación.
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