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AMPLIAR10 nuevas identificaciones en Pozo de Vargas y se esperan más de 30 resultados

Se encontraron restos de 53 personas arrojadas en el Pozo de Vargas

Así lo indica un informe de la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán, basado en los análisis de restos óseos extraídos hasta 2011 por los peritos locales del CAMIT y que, posteriormente, en diferentes etapas habían sido enviados a laboratorios bajo la supervisión del EAAF, Equipo Argentino de Antropología Forense.

Las diez identificaciones realizadas últimamente, en relación a las investigaciones en el llamado Pozo de Vargas, y los análisis que se realizaron en función de estas determinaciones, dan cuenta, una vez más, de los siniestros números que arroja la represión sistemática contra los sectores populares, implementada en nuestra provincia, desde el año 1975 y que se prolongó, con diferentes intensidades, hasta 1983. 

Los identificados más recientes, que se dieron a conocer la semana pasada, diez en total, son: Zoilo Manuel Reyes, Enrique L. Díaz; Leopoldo Reynaldo Navarro, Marcos Antonio Pérez, José Inocencio Racedo, Humberto Lizarraga, Julio Oscar Zurita, Domingo César Díaz, Gloria Susana Figueroa y Dardo Francisco Molina.

 A estos nombres, se debe sumar, las doce anteriores identificaciones: en diciembre del 2011, Guillermo Vargas Aignasse; en marzo de 2012, Nilda Lucrecia Zelarayán; en noviembre de 2012, Antonia Esilda Romano; en julio de 2013,  Roberto Raymundo Vega, Segundo Bonifacio Arias, Justina Andrea Carrizo, Luis Alejandro Lescano, Raúl Roque Danun y Eduardo Nicanor Giménez (seis en total);  en agosto de 2013, Emilio Antonio Trejo; Roque Marcelino Brizuela  y Marta Azucena Castillo.

Los análisis genéticos fueron realizados sobre los fragmentos de restos óseos extraídos hasta 2011 por los peritos locales del CAMIT y que, posteriormente, en diferentes etapas habían sido enviados a laboratorios bajo la supervisión del EAAF, Equipo Argentino de Antropología Forense.

 Este último envío, por las características del estado del material óseo encontrado, fue dirigido al laboratorio BODE, The Bode Tecnology Group, en Virginia, Estados Unidos. El resultado del BODE y trabajo complementario del EAAF ha establecido que, a partir de la totalidad de las muestras óseas estudiadas, se ha logrado recuperar perfiles genéticos correspondientes, hasta el momento, a 53 personas (10 mujeres y 43 hombres), de las cuales, se ha identificado 22.

 Por otra parte, además de las nuevas identificaciones, se logró reasociar o reagrupar restos óseos aislados que corresponden a 8 personas que ya fueron identificadas, con lo que se va logrando ir completando las coincidencias entre los numerosos fragmento que se van encontrando. Pertenecen ellos a Marta Azucena Castillo, Luis Alejandro Lescano, Romano Antonia Esilda, Guillermo Vargas Aignasse, Roberto Raymundo Vega, Emilio Antonio Ibarra y Nilda Lucrecia Zelarayán.

 Los resultados de las investigaciones y fundamentalmente, las identificaciones de los restos de los compañeros desaparecidos, lanzan datos que demuestran que el plan de secuestro, desaparición y asesinatos, fue implementado, sin lugar a dudas, desde el Operativo Independencia y que el Pozo de Vargas se había convertido en uno de los espacios, estratégicamente seleccionado –una propiedad privada— que garantizara la impunidad a los perpetradores.

 De las 22 identificaciones ya realizadas, 8 casos de secuestro y desaparición corresponden al período del Operativo: mayo de 1975 (Leopoldo Reynaldo Navarro) tres meses después de haberse lanzado esta operación militar, el 9 de febrero; en 1976, enero (Roberto Raimundo Vega y Marco Antonio Pérez); febrero (Roberto Raimundo Vega y Segundo Bonifacio Aria) y en marzo (Luis Lescano y Emilio Antonio Ibarra). De los casos aquí citados, y que corresponde a este periodo, es destacable, que tres de los desaparecidos fueron secuestrados fuera de Tucumán y traídos a la provincia: Justina Andrea Carrizo, detenida en Claypole, Buenos Aires; Luis Lescano, detenido en Santiago del Estero, su capital y Emilio Antonio Ibarra, en La Banda, Santiago.

 Los restantes casos establecidos, corresponden, a partir del 24 de marzo del 76 con el secuestro de Guillermo Vargas Aignasse, con 12 casos en total para ese año, el último, el de Dardo Molina, el 15 de diciembre y 2 casos para 1977, en enero y febrero, respectivamente, con los secuestros de Eduardo Nicanor Giménez y Marta Azucena Castillo. Es decir, el Pozo de Vargas estuvo activo, según se demuestra hasta ahora, por lo menos, hasta principios de 1977 y que fue un lugar establecido para “deshacerse” de los cuerpos secuestrados y torturados, en un trayecto que puede ser reconstruido a partir de los testimonios de algunos acusados, como por ejemplo, el de Heriberto Albornoz quien reconoció que sabía que había un “pozo” que funcionaba como lugar de entierro.

 Otro indicio significativo es que algunos de los secuestrados y desaparecidos identificados, habían sido vistos en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Son los casos de los hermanos Enrique y Domingo Díaz, Antonia Romano de Palavecino, Justina Andrea Carrizo, José Inocencio Racedo, Dardo Molina, Nilda Zelarayán de García, Marta Azucena Castillo, y Eduardo Nicanor Giménez. Son diez, de 22 identificados.   

Frente a la realidad que se desprende de las identificación realizadas,  un aspecto que resulta preocupante, es que habiendo sido posible establecer, hasta el momento, la presencia de 52 individuos en el Pozo de Vargas, de los cuales resta aun establecer la identidad de 30, se hace imperioso que todos los familiares de desaparecidos, realicen la donación de las gotas de sangre correspondiente, única forma de aproximarnos a la verdad de los hechos acontecidos a las víctimas del terrorismo de Estado. Los avances en materia genética demandan que se haga una comparación entre elementos corporales de nuestros desaparecidos y nuestros propios cuerpos. Un método rápido y eficaz es entregar esas gotas de sangre que muchos de los familiares aun no han entregado. Por ello, exhortamos a las familias de los desaparecidos, a aproximarse a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, en el subsuelo de Casa de Gobierno para concretar este paso. De ello depende que podamos profundizar el proceso jurídico que demanda esclarecer la verdad histórica de los hechos que tuvieron lugar, originados en la represión organizada por el terrorismo de Estado 1975-1983.