El oficialismo en la Cámara de Diputados confía en poder comenzar a analizar la semana próxima, el proyecto de ley que refrenda el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la petrolera Repsol por la expropiación de las acciones de YPF, que fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo el viernes pasado, adelantaron a Télam fuentes legislativas.
Antes de llegar al recinto, la iniciativa deberá contar con el visto bueno de las comisiones de Presupuesto, de Asuntos Constitucionales y de Energía, por lo que su debate se concretará en el marco de un plenario conjunto, una vez que queden definidas las conformaciones de cada una de esas comisiones, con sus respectivas autoridades, proceso que debería estar concluido antes de que finalice la actual semana.
En el bloque oficialista no descartan incluso que el plenario de
comisiones -de conformarse en el menor tiempo posible- pueda comenzar a
analizar el próyecto en los próximos días, de manera de acortar los plazos de
llegada al recinto para su sanción.
El sábado, a través de su cuenta en la red social Twitter, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner anunció que el viernes envió al Congreso
el proyecto de ley para refrendar el acuerdo el Gobierno y Repsol por la
expropiación de YPF.
"Nosotros, que recuperamos para los argentinos la segunda reserva de gas
shale del mundo y la cuarta de petróleo shale del mundo vamos a someter el
acuerdo al Parlamento", dijo la Presidenta.
El acuerdo con Repsol -denominado "Convenio de Solución Amigable y
Avenimiento de Expropiación"- fue rubricado el jueves pasado por el
ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una reunión celebrada en el
Palacio de Hacienda en la que estuvieron presentes el secretario General y del
Consejo de Administración de la petrolera española, Luis Suárez de Lezo
Mantilla, y el director General de Negocios de la firma, Nemesio Fernández.
El entendimiento fue el fruto final de las negociaciones encaradas por el
gobierno argentino y las autoridades de la empresa a partir de fines de
noviembre pasado, luego que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó
con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de
España y México.
El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos
públicos "por la expropiación" del 51% del capital accionario que
tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los
reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
Una vez que el Congreso argentino dé su conformidad y autorice la emisión de
deuda para el pago de la compensación a Repsol -por un monto nominal máximo de
6.000 millones de dólares-, el 28 de marzo próximo se reunirá la Junta de
Accionistas de Repsol en Madrid, para terminar de refrendar el acuerdo.
Entre las condiciones previstas para que el acuerdo alcance "plena
eficacia", Repsol tiene como fecha tope al 7 de abril próximo para que la
Junta General de Accionistas ratifique el entendimiento.
En tanto, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo
próximo la ley votada por el Congreso, con el aval al acuerdo y la autorización
para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del
resarcimiento, además de los avales de garantía.
La deuda que emitirá Argentina para el pago por la expropiación estará
compuesta por 3.250 millones de dólares en un nuevo bono denominado BONAR 24
con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 8,75%; 500 millones en Bonar
X con vencimiento en 2017 y tasa del 7% y 1.250 millones en título Discount 33,
con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28%.
La emisión de bonos complementarios con un tope de 1.000 millones en valor
nominal estará compuesta por hasta 400 millones de dólares en Boden 2015 con un
interés del 7% y vencimiento en 2015; hasta 300 millones en Bonar X y hasta 300
millones de dólares en Boden 2024.
El entendimiento contempla que en caso de controversia o diferendo, las partes
se someterán al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), ya que el acuerdo se encuadra en
el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de inversiones entre España y
Argentina.
La propuesta argentina a Repsol se basó en la Ley Nº 26.741 de Soberanía
Hidrocarburífera que en sus artículos 7, 11 y 12 estableció la expropiación del
51% del patrimonio de YPF perteneciente a Repsol YPF SA, siguiendo los
procedimientos que marca la Ley Nº 21.499 de Expropiaciones.
Esta última norma prevé en su artículo 12 que "la indemnización se pagará
en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se
efectúe en otra especie de valor".
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