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AMPLIARDiputados abordará la temática, luego de las elecciones

Educación Superior: proponen redefinir autonomía y autarquía

En el marco de próximos debates sobre la actual ley de enseñanza superior, que rige en la Argentina desde 1995. La necesidad, además,de determinar un sistema estable de financiamiento y fijar la total gratuidad de los estudios de grado, otros de los puntos en los que se busca avanzar.

Cinco proyectos de distintos bloques esperan ser debatidos en la comisión de Educación de Diputados, mientras el Ministerio de Educación ya recibió diversos documentos de legisladores, rectores y sindicatos y elaborará un documento en el que fijará su posición respecto a la reforma.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a todos los rectores de las universidades públicas, sostiene un documento que elaboró en 1997, en la localidad cordobesa de Vaquerías, donde fija su posición y establece la necesidad de elaborar una ley conceptual y no reglamentarista.

En cambio, los proyectos de los legisladores establecen modificaciones y una de ellas es referida al concepto de autonomía universitaria, que rige en la Argentina desde la reforma de 1918, asociándola con la idea de planificación, para lo cual buscan la creación de entes o consejos que determinen parámetros de calidad.

Adriana Puiggrós (FPV) presidenta de la Comisión de Educación de Diputados, aseguró que el proyecto de su bloque manifiesta que la autonomía y la autarquía "deben ser ejercidas de manera responsable y rechazando la llamada autonomía de mercado".

Indicó además que la redefinición de la idea de autonomía debe estar asociada con la de planificación, que "es muy necesaria y debe estar despojada del concepto de autoritarismo".

Daniel Maiorana, presidente del CIN, manifestó a Télam que las universidades "no pueden ser autónomas del pueblo que las sostienen", pero dijo que "hay conceptos que son innegociables como ser poder crear conocimiento a partir de las investigaciones en forma independiente y sin cuestionamientos"

En este punto, Marta Maffei, dirigente del partido por la Solidaridad e Igualdad y ex secretaria de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), destacó que lo que se debate ahora "no es la autonomía de la religión o de los partidos políticos como ocurrió en la reforma del 18".

"Los grupos económicos disciplinan hoy a las universidades y esto se nota, aunque en forma disimulada, en las investigaciones y terminan condicionándolas", aseguró Maffei quien agregó que "lo que proponemos es la creación de un Ente Autárquico de Evaluación para todas las universidades, no sólo las públicas".

La necesidad de incrementar el financiamiento a las universidades, que en la actualidad representa casi el uno por ciento del PBI, es otro punto en el que coinciden los distintos proyectos presentados.

Puiggros destacó que el proyecto de su bloque plantea llevar al 2% del PBI lo asignado para el sistema universitario, mientras el partido Solidaridad e Igualdad lleva ese porcentaje al 1,5 y la iniciativa del Pro remarca que es "el Estado el que debe financiar el sistema, un 70% en base a la cantidad de alumnos y un 30 por pautas de calidad".

En este sentido, plantea, además, que las universidades pueden lograr sus propios recursos de financiamiento a través de patentes, consultorías, donaciones y el aporte de los graduados "aunque habría que discutir la forma en que se realizaría este último aporte", dijo el legislador Federico Pinedo.

Por su parte, Victoria Analía Donda Pérez, del partido Encuentro Popular y Social, dijo que su proyecto plantea una regulación de los aportes privados a las universidades y que elfinanciamiento debe estar regulado "por políticas públicas".

Indicó además que la participación de los sectores populares en el sistema universitario "es escasa" por lo que en la ley "debe garantizarse su acceso", al tiempo que reclamó que la nueva norma "deberá tener en cuenta no sólo las necesidades productivas del país sino también las del pueblo".

En este punto, Maiorana, dijo que "los rectores reconocen que en los últimos años hubo un aumento muy importante en los sueldos docentes, en la infraestructura y que se creó un Ministerio específico para Ciencia y Tecnología, por lo que el necesario incremento no debería estar destinado exclusivamente al pago de sueldos, ya que si no se desfinanciarían otros sectores importantes de una universidad".

El debate en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados "podría comenzar el mes que viene tras las elecciones, y se plantea un debate arduo ya que existen proyectos contrapuestos", dijo a Télam una fuente legislativa.

No obstante remarcó que se lograron coincidencias básicas entre distintos bloques, las que fueron elevadas al Ministerio de Educación en noviembre pasado.- (Télam)