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AMPLIARRepresión en época macrista

Exigen garantizar el derecho a la protesta e investigar violaciones a los derechos humanos

En el marco de una manifestación el 14 de diciembre en rechazo a la reforma jubilatoria que se discutía en el Congreso de la Nación, el uso de la fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad resultó en un acto de represión inaceptable e ilegal.

Distintas fuerzas de seguridad rodearon las inmediaciones del Congreso en donde se encontraban los manifestantes y posteriormente emplearon fuerza indebida. Los agentes de seguridad usaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma para dispersar y perseguir a las personas que se encontraban en el lugar, incluyendo diputados, periodistas, e incluso a transeúntes.

Según diversas fuentes, al menos 45 personas fueron detenidas, varias de forma arbitraria.

“La represión violenta por las fuerzas de seguridad debe ser condenada sin demora por las más altas autoridades. Tanto la protesta social como la libertad de expresión son derechos humanos y es deber del Estado proteger a todas las personas y tomar los recaudos necesarios para asegurar que las fuerzas de seguridad se conducirán de acuerdo a las leyes y los estándares internacionales”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Es de una gravedad inusitada lo que sucedió. Diputados y diputadas de la Nación atacados con gases lacrimógenos, trabajadores de prensa heridos, personas que estaban en las inmediaciones detenidas arbitrariamente y de modo violento. También se registraron episodios de violencia inaceptables dentro del recinto. Las autoridades deben investigar de forma pronta e imparcial todo uso de la fuerza indebido y procesar a todos los responsables, incluyendo aquellos con responsabilidad de mando”, indicó Belski.

La reforma legislativa en discusión aún no ha sido aprobada y es posible que sea tratada en los próximos días, lo que podría suscitar nuevas protestas.  

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades argentinas que tienen la obligación de asegurar que las fuerzas de seguridad únicamente podrán recurrir al empleo de la fuerza en apego a la ley y con la debida atención a los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y teniendo en cuenta el grave impacto que puede causar en diversos derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana, a la privacidad y a la libertad de circulación, entre otros.

Información adicional 

Amnistía Internacional ha denunciado la implementación del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad Del Estado en Manifestaciones Públicas” por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2016. El protocolo indica a las fuerzas de seguridad utilizar la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas y permite la persecución penal de quienes ejercen este derecho, en contravención a los estándares internacionales.