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AMPLIARPinochet y Kissinger sonrien como complices

Pinochet dio personalmente orden de matar a Letelier

El dictador Augusto Pinochet dio "personalmente" la orden de ejecutar al ex canciller socialista Orlando Letelier, cuando vivía exiliado en Estados Unidos, luego de haber sido detenido, torturado y llevado a distintos campos de concentración tras el golpe militar de 1973.

Detalles.

Así lo revelaron los nuevos documentos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que fueron entregados hoy a la presidenta Michelle Bachelet, en el marco de los homenajes por los 40 años del atentado que le costó la vida en 1976 a Letelier y su secretaria, la estadounidense Ronnie Moffit.

La secretaria de Estado adjunta, Heather Higginbottom, le entregó a Bachelet los archivos que acreditan el brutal atentado terrorista cometido en pleno corazón de Washington.

"Estos documentos van a demostrar con claridad quién dio la orden para asesinar a Orlando Letelier y Ronni Moffit", señaló la mandataria desde la capital estadounidense. Un cable, fechado el 1 de mayo de 1987, sostiene que "consideramos como evidencia convincente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia (general Manuel Contreras) para llevar a cabo el asesinato".

El Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), organismo que liberó estos documentos, reveló que el mencionado informe fue entregado al gobierno del entonces presidente Ronald Reagan (1980-1988) por dos oficiales estadounidenses, con la intención de intervenir para que la Casa Blanca terminase con el apoyo a la dictadura de Pinochet.

Los informes sobre la relación de Santiago y Washington durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y la dictadura militar (1973-1990) comenzaron a desclasificarse en 1999 y, el año pasado, el secretario de estado estadounidense, John Kerry, hizo entrega de los antecedentes al gobierno chileno y la familia de Letelier sobre el atentado terrorista cometido en Washington. En los cables se lee también que el jefe de la inteligencia chilena, el general Manuel Contreras, intentó "chantajear" a los organismos de seguridad de Estados Unidos en 1978 cuando se descubrió que la bomba que explotó en el automóvil de Letelier la colocó el doble agente de la Dina y la CIA, el estadounidense Michael Townley. La Casa Blanca solicitó sin éxito la extradición de la cúpula de la Dina, y la Corte Suprema chilena sólo dio lugar a la deportación de Townley en 1978. Nueve años después, el oficial de la Dina, Armando Fernández Larios, desertó de Ejército y se entregó a la justicia del país del Norte. Ambos llegaron a un acuerdo de colaboración y se acogieron al sistema de protección de testigos viviendo en Estados Unidos bajo otra identidad. En otro documento se lee que luego del fracaso de la gestión de los representantes de Contreras, "los abogados comenzaron los intentos por pintar el asesinato como un esquema de la CIA, señalando que Townley, los cubanos e incluso a George Landau (ex embajador en Chile) eran agentes de la CIA".

En marzo de 1978, Landau entregó a la Casa Blanca un análisis sobre las consecuencias que tendría una investigación a la firma estadounidense IT&T (compañía telefónica), que en otros cables anteriores aparece mencionada como un canal para entregar fondos a opositores a Allende por parte de la CIA. "Nosotros asumimos que si el caso es investigado hasta concluirlo, una serie de revelaciones serán hechas". Entre ellas, que la compañía IT&T "canalizó dinero para que la CIA se opusiera a la elección de Allende", "que la CIA subsidió a (el diario) 'El Mercurio', el que se opuso fuertemente a Allende", y "que la CIA canalizó dinero para políticos del partido Nacional y Demócrata Cristiano para oponerse a Allende", escribió el diplomático.

El emblemático caso Letelier fue el único excluido de la Ley de Amnistía decretada por la dictadura en 1978. Una vez recuperada la democracia en 1990, se inició el juicio que terminó con la condena en 1995 de Contreras y del brigadier Pedro Espinoza (el segundo hombre de la Dina), a cinco y siete años de presidio en una cárcel especialmente construida para militares.