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31/08/2016 - El fiscal explicó el conflicto

La Provincia pedirá la remisión de $ 3 millones en el caso de los jueces santiagueños

El fiscal de Estado, Daniel Leiva, brindó ayer una conferencia de prensa para explicar lo que definió como “una maraña de denuncias y de engaño” cometida por tres ex jueces de Santiago del Estero

Esto frente a la denuncia del empresario Luis Manuel Pericás, trabaron embargos por casi diez millones de pesos sobre los fondos de coparticipación de la provincia de Tucumán y permitieron la disposición de más de siete millones. “Esto nunca debería haber ocurrido; ni el dictado de embargos ni mucho menos la orden de retirar el dinero por parte de personas que no estaban facultadas para hacerlo”.

El proceso judicial en contra de los ex magistrados santiagueños Ramón Tarchini Saavedra, María Martínez Llanos y Miguel Ángel Moreno comenzó hace dos semanas con la presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas. En su petitorio destaca la existencia de irregularidades en un reclamo del empresario periodístico Luis Pericás en contra del Gobierno de la provincia de Tucumán por “delitos a establecer”.

Leiva relató que la primera muestra del andamiaje que montaron los tres ex jueces junto con Pericas – titular de la radio LV7 – llegó a Fiscalía de Estado el año pasado. Fue una medida que estableció una suerte de blindaje para que no pudiera trabarse ningún tipo de embargo o gravamen sobre los dineros que el empresario fuera a percibir.

El 28 de enero de este año, durante la feria judicial, la jueza del Crimen de Santiago del Estero María Martínez Llanos dispuso un embargo de cuatro millones de pesos contra la provincia de Tucumán sin ningún motivo claro, con una carátula que solo indicaba “delitos a determinar”. “Como Fiscalía tuvimos una inmediata reacción: recurrimos la medida, presentamos pedidos de levantamiento de embargo y autos a la vista; sin embargo, el expediente nunca fue puesto a nuestra disposición. Luego de mucho insistir en vano, nos llegó otro embargo de poco más de dos millones de pesos, proveniente de otro juzgado y firmado por otro juez, con el mismo motivo: “delitos a determinar”. A fines del mes de junio entró un último embargo que ya escapa a cualquier previsibilidad: una manda para la provincia de pagar 715 mil pesos mensuales sine die, es decir, sin término final, y nuevamente sin acceso a los expedientes”, continuó el fiscal y agregó que los embargos se trabaron sobre los fondos de coparticipación que tenía para percibir la provincia.

Leiva explicó que, del total de casi 10 millones de pesos que los jueces habían embargado de la coparticipación provincial, lograron que se cobraran casi siete millones sin que existiera sentencia firme ni motivo que legalmente los habilitara para disponer el pago. Agregó que el dinero que le embargaron a la provincia fue transferido a tres cuentas especiales abiertas para cada caso a las órdenes de los juzgados como pertenecientes a esos expedientes, y que “sobre esas cuentas se libraron las órdenes de pago y se transfirieron las sumas de dinero, con un alto grado de irresponsabilidad”.

Luego de la llegada de estos embargos, la Fiscalía de Tucumán recurrió a las autoridades judiciales de Santiago del Estero. “A quienes tenemos que destacar por estar a la altura – tanto el Superior Tribunal de Justicia como el Consejo de la Magistratura – y tomar inmediata intervención al tener conocimiento”, indicó Leiva -. “Dispusieron la inmediata citación de los magistrados y la apertura de un juicio político casi por unanimidad. Esto ocasionó que el día sábado presentaran la renuncia, al no tener ningún argumento valedero para sostenerse”. Hoy sobre estos tres ex jueces pesa una orden de arresto que se está dirimiendo porque pidieron una eximición de prisión.

Con respecto a Pericas – está prófugo y esta mañana se ha dictado un pedido de captura nacional e internacional en su contra por la gravedad de la causa – el fiscal explicó que él “es quien armó primero su blindaje para que las sumas que obtuviera de cualquier manera no pudieran ser afectadas y, lo que es más, desde dos de los juzgados se hicieran transferencias bancarias hacia sus cuentas. Además, en dos de esos pagos hubo libramientos de órdenes de pago en procesos donde los jueces que los ordenaron ya se habían desprendido de la causa”.

Dado que Fiscalía nunca tuvo acceso a los expedientes, no pudo encontrar cuál es el argumento que posibilitó esas extracciones. Por un lado, si se trata de reclamos relacionados con pauta publicitaria como se comenta, no se explica que se haya dirimido en sede penal; por otro lado, no hay motivos para que, si es un caso de reclamo civil o comercial en la provincia de Tucumán, se lo reclamara en Santiago del Estero. “Es solo porque allí se había montado el andamiaje, porque allí se radica el grupo de personas que lo armó”.

Dijo además que “Pericas formó un iter críminis (camino del crimen) bastante largo para lograr este resultado. Si como Estado provincial hubiésemos tenido cualquier deuda, nos deberían haber puesto en conocimiento en la jurisdicción tucumana, si es que ameritaba un reclamo judicial, y no en una extraña jurisdicción, en un extraño fuero y con un fundamento desconocido, porque el caso está tan cerrado que no podemos acceder a eso”. En el mismo sentido, agregó que “los jueces que recibieron la denuncia y vieron los domicilios de los denunciados y la materia se deberían haber declarado incompetentes”.

Los delitos por los que la Fiscalía de la provincia denuncia a los tres ex magistrados son: asociación ilícita, cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y prevaricato. Además, se ha denunciado a las secretarias judiciales Zaída Azucena Juárez, María del Huerto Bravo Suarez y Blanca Luz Diaz por las mismas causas menos prevaricato y más denegatoria en el pedido de retardo de justicia y fraude en perjuicio de la administración pública. Por último, Pericas y sus abogados Santiago Fonzo Pinto y Adolfo Darío Suarez son denunciados por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho.

En cuanto a la continuación del proceso, Leiva indicó: “Tiene que avanzar la fase investigativa que está en manos del juez del Crimen de Santiago del Estero Darío Alarcón, quien tendrá que deslindar responsabilidades porque es un tema bastante complejo e indolente. Pretendieron afectar al Estado de la provincia de Tucumán, tomando dinero que no les corresponde y nosotros como Fiscalía tenemos que defendernos, como lo hicimos desde el primer momento”.

Finalmente, en cuanto a la restitución de esos fondos, explicó que mañana se presentará un pedido para la inmediata remisión de los casi tres millones de pesos que quedaron en los bancos. Con relación a los siete millones que fueron cobrados estamos, se librarán intimaciones contra los denunciados para que los devuelvan. “Primero debemos agotar esa vía; si no obtenemos respuesta por ese lado, tendrá que responder el Poder Judicial de Santiago del Estero en base al principio de responsabilidad por el depósito del dinero que ellos tienen”, concluyó el fiscal de Estado.


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