AMPLIARMacri y Rodriguez Larreta son lo mismo

28/06/2016 - Escribe Carlos Villalba

De Iron Mountain a Time Warp, los Cromañones de Macri

En la madrugada del sábado 16 de abril cinco jóvenes murieron y otros cinco fueron internados en estado de coma en la “fiesta” electrónica “Time Warp”, en el predio de Costa Salguero. A las 8 y 15 del miércoles 5 de febrero de 2014 las llamas, producidas de manera intencional, ya habían tomado por completo dos galpones del depósito de la empresa Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas; murieron 10 bomberos y rescatistas y se destruyeron pruebas físicas de las principales empresas que evaden tributos y fugan dineros al exterior, desde el banco HSBC hasta el grupo SOCMA, de Franco Macri y su hijo Mauricio.

Detalles.

Dos hechos, una misma matriz, una misma gestión, primero encabezada por Mauricio Macri como Jefe de Gobierno y luego por Horacio Rodríguez Larreta, su sucesor local, con su ex jefe al frente del Estado nacional.

El fiscal federal Federico Delgado aseguró que Costa Salguero fue un “espacio social excluido de la soberanía estatal y sustraído de cualquier tipo de control público”, que “permitió en los hechos el funcionamiento de una suerte de mercado al que concurrían libremente quienes querían vender y los que deseaban comprar drogas prohibidas”. Entradas, música electrónica, drogas y bebidas, añade, hacen de Time Warp “un combo, sus organizadores conocían bien cómo fabricar el deseo de consumir”.

El abogado de 42 años seguramente no tuvo conciencia de que estaba definiendo con mayor precisión que cualquier politólogo o de los teóricos a los que cita con profusión en sus dictámenes, como Max Weber o Hannah Arendt, la concepción jurídica y administrativa del Estado que caracteriza al liberalismo acendrado de las corporaciones económicas que gobiernan la Argentina de Mauricio Macri.

De Barracas a Costa Salguero

Tanto en el incendio del depósito de Iron Mountain como después de la fiesta de Time Warp, el Gobierno de la Ciudad se presenta con la máscara de inocencia de Horacio Rodríguez Larreta, vicejefe primero, jefe en la actualidad, que se “solidariza” con los familiares de las víctima y, a renglón seguido, asegura, como hablando de un lote en Marte, que “todo estaba en orden”.

A pesar de las palabras, huecas, en ambos casos se registran, entre muchas otras:

• Irregularidades en el proceso de habilitación de los predios

• Fallas en el proceso general de contralor

• Ausencia de coordinación entre distintos organismos del Estado municipal.

• Infracciones sin sanción

• Elusión de responsabilidades de control y de funciones preventivas por parte de la Dirección Ejecutiva de la AGC

• Incumplimiento de la facultad de control de obras

• Más personas que las que permitía el predio, con un alto margen de exceso

• Hacinamiento

• Mala y escasa atención médica,

• Pocos controles en los ingresos, que permiten incluso el acceso de menores de 18 años

• Avalanchas

• Circulación libre de drogas, pese a existir seguridad privada y representantes de la seguridad pública

• Explotación de esas condiciones “especiales” para vender agua a un precio exorbitante, un insumo decisivo por el calor sofocante y como complemento de las drogas que se compraban y vendían. Al menos 5 médicos que prestaron la asistencia sanitaria en el lugar dijeron que a partir de las 4.30, aumentó exponencialmente la cantidad de pacientes de gravedad que presentaban signos de intoxicación y que los mismos “refirieron que habían consumido principalmente pastillas adquiridas en el mismo evento”.

• La situación tiene un agravante rotundo, que surge de la ignorancia de dictámenes de organismos del propio Gobierno de la CABA (Iron Mountain) y de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (Time Warp/2007) que, de haber sido analizados y dispuestos los correctivos apropiados, podrían haber evitado las muertes.

• Rigurosamente se confecciona un expediente.

• Rigurosamente se cumplen tediosos pasos administrativos.

• Circulan notas prolijamente selladas y firmadas que una tras otra se acumulan en legajos escritos en un lenguaje francamente expulsivo.

• Pero todo lo que es expediente dice carece de respaldo material.

• En otras palabras, la burocracia no hace lo que escribe. No controla lo que da por controlado.

• Además, a la hora de explicar las razones en las que están ancladas las discordancias entre la letra del expediente y la realidad material, nace un juego en el que nadie es responsable de nada”.

• De 2008 a 2014 se registró la muerte de ocho obreros y 50 heridos por derrumbes y accidentes ocurridos en diversas obras en construcción. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) presentó en enero de ese último año más de 300 denuncias por “irregularidades” en obras en construcción, la mayoría de las cuales “no son tenidas en cuenta a la hora de realizar las habilitaciones”. Un mes después, el gremio denunció la ocurrencia de más de 36 derrumbes graves en el mismo período, con la muerte de seis personas.

• El 9 de agosto del 2010 tres personas murieron y 11 resultaron heridas por el derrumbe del gimnasio “Orión” que funcionaba en Mendoza y Triunvirato. Las pericias realizadas por personal de Bomberos determinaron que no se habían tomado las medidas adecuadas en la obra lindera y que habían fallado los controles por parte de las autoridades. De hecho, en un claro indicio de las fallas en el sistema de controlar gubernamental, poco después fue echado el entonces presidente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

• Un mes después, dos jóvenes mujeres murieron y otras 33 personas recibieron heridas al desplomarse el entrepiso del local de fiestas “Beara”, en Villa Urquiza, tras la caída de un entrepiso. El gobierno señaló que el lugar estaba habilitado como restaurante, café bar y casa para fiestas privadas, a pesar de que funcionaba como un salón de fiestas públicas, con música en vivo y baile, a las que se accedía pagando entradas encubiertas, y la Ciudad no aplicaba las correcciones que correspondiesen a pesar, incluso, de que el local ha había sido clausurado dos veces por “desvirtuación de rubro”.

• En noviembre del 2011 se desmoronó un edificio de tres cuerpos y 10 pisos en pleno microcentro porteño, luego de sufrir una profunda rajadura provocada por los trabajos de excavación de una obra por construirse en un terreno lindero. 

La prueba reunida después de los hechos de Costra Salguero, que constan en los expedientes judiciales, revelan algunos rasgos que caracterizaron ese evento y que podrían asociarse con otros, como el del barrio de Once, por ejemplo:

En el caso de específico, la fiscalía observó:

Un formato PRO

Desde diciembre de 2007 y hasta abril de 2016, bajo el gobierno del PRO se produjeron un sinnúmero de “accidentes”, que provocaron múltiples víctimas y presentaron una misma matriz de falta de control y complicidades, ignoradas por las máximas autoridades de la Ciudad.

A la luz de sus pesquisas, el 27 de mayo pasado, la Fiscalía Federal N° 6, llegó a conclusiones coincidentes con las de las investigaciones y críticas de distintos bloques opositores de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relacionadas con la inacción y falta de ejercicio efectivo de su función de contralor de su Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su Gerencia Operativa de Eventos Masivos.

El dictamen afirma que “La burocracia del gobierno local, de acuerdo a los expedientes en que se expresan sus acciones, hace un culto a las formas” y puntea el camino de las formas que conducen al  incumplimiento de funciones que, en definitiva, permiten, facilitan o ignoran situaciones que llevan a tragedias como las sucedidas a lo largo de la gestión PRO de la Ciudad:

Además de Iron Mountain y Time Warp, se pueden reseñar diferentes casos que presentan rasgos semejantes en la acción o la ausencia del Estado local:

Talleres clandestinos

Un párrafo aparte merecen los casos reiterados de incendios de talleres clandestinos de confección de ropa en base a mano de obra esclava, asentados en el Barrio de Flores. Esos locales presentan una serie de irregularidades que fueron denunciadas e investigadas a lo  largo de los años sin que se ponga fin al problema, lo que llevó a distintos sectores legislativos, gremiales y sociales a asegurar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos” que evita su clausura en tiempo y forma.

Las denuncias apuntan a la Dirección General de Protección del Trabajo y la AGC. La propia Agencia reconoció, por ejemplo, el inmueble de la calle Páez 2796, incendiado el 28 de abril de 2015, en el que murieron dos niños de 7 y 10 años, había sido denunciado siete meses antes, sin que los organismos pertinentes produjesen respuestas sancionatorias y preventivas.

El Cromañón de ONCE

El 7 de marzo de 2006 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires destituyó a Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno de la Ciudad, por considerarlos “responsable político” de la tragedia de Cromañón, el local de Once en el que murieron 194 personas y hubo más de 1400 heridos.

A las 22 y 50 del 30 de diciembre de 2004 la bengala había comenzado su trabajo criminal; el humo asfixiante de los plásticos que forraban el techo de República Cromañón, el cuádruple de personas para las que estaba habilitado el local, la puerta de emergencia trabada con candados y alambres,  el mal diseño de la entrada principal, la certificación de Bomberos vencida, la importante cantidad de niñas y niños que había pese a que en ese horario el acceso de menores está prohibido y las irregularidades cometidas por un auténtico circuito ilegal de certificados de habilitación, se conjugaron en una de las peores catástrofes ocurridas en la historia de la Ciudad y del país.

En el camino habían caído por renuncia el Secretario de Seguridad y su plana mayor de subsecretarios, también el subsecretario de Justicia y Trabajo. Por incendio culposo y omisión de deberes de funcionario fueron condenados los integrantes de la cúpula de la ex subsecretaría de Control Comunal y de su dirección de Fiscalización y Control de la Ciudad Autónoma y un subcomisario de la comisaría 7°, responsable de incendio culposo seguido de muerte y cohecho pasivo.

Muerte y festejos en la Costanera del PRO

La “fiesta electrónica” Time Warp,  además de desnudar la distribución libre de drogas sintéticas, dejó al descubierto connivencia de los organizadores con la seguridad, falta de contralores financieros, de seguridad y de control ambiental, ausencia de coordinación entre distintos organismos municipales y la ilegalidad de las concesiones de predios públicos en la Ciudad.

Según la normativa vigente un evento como ese  jamás debió realizarse, ya que a los terrenos se le adjudicó zonificación “Urbanización Parque” (UP), que no contempla actividades de ese tipo, además de que la concesión original del lugar dispone destinarlo a obras civiles y a la construcción de un polideportivo. Violando la norma, el concesionario logra pagar $ 197.832,00 mensuales, contra los $27.200.000 que le permite recaudar la subconcesión de los 170.000 m2 del predio, según el valor de mercado de la zona, calculado entre $160 y $250, contra $1,5 que cobra la CABA.

Telemetrix SA obtuvo la concesión en 1991 y una vez logrado eso, subconcesionó el complejo a Centro Costa Salguero SA, Salguero Eventos SA y Dr. SA, tres sociedades en las que se repiten los nombres de Fernando Adolfo Polledo Olivera, Enrique Alfonso Pichón Riviére, Adrián Pablo Ollivier, Jorge Gómez, Federico León Bensadón y Alberto Gutiérrez; los dos últimos, además, aparecen como titulares de la concesionaria y dueños de la constructora Emaco SA, que tiene contratos con el Gobierno de la Ciudad por casi $ 200 millones.

El presidente del Centro Costa Salguero SA, que explota los cinco pabellones del Centro de Exposiciones, en los cuáles se realizó el Time Warp, es Fernando Adolfo Polledo Olivera, esposo de Carmen Amorín Uribelarrea de Polledo diputada del PRO y vicepresidenta primera de la Legislatura de la Ciudad. Allí mismo, en el salón de fiestas TEB SRL, Mauricio Macri, por entonces Jefe de gobierno porteño, se casó con Juliana Awada, el Pro lo usó como búnker y centro de operaciones durante sus campañas electorales y fue el lugar del festejo de su victoria presidencial de 2015.

Tal vez en esa promiscuidad de negocios y festejos radica la explicación de porqué el Gobierno porteño sostiene una concesión que incumple de modo reiterado las leyes de la Ciudad y los responsables municipales del control de documentos y procedimientos de protección de usuarios miran para otro lado o sus informes son ignorados al presentar advertencias de irregularidades.

La empresa tampoco liberó los 35 metros del “camino de sirga”, la calle que toda propiedad ribereña debe dejar para uso público entre cualquier construcción y la orilla de un río, lago o canal navegables, sin recibir a cambio ninguna indemnización. Esa restricción del dominio del privado consta en un viejo artículo del Código Civil, refrendado en diferentes casos por la Corte Suprema, y estaba destinada a arrastrar las embarcaciones y actualmente se apoya en la necesidad de limpiar las orillas y los cursos de agua.

En su dictamen, fiscal Paula Asaro menciona al menos 45 concesiones con situaciones irregulares, y apunta con dureza a la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en ese momento a cargo del hoy ministro de Producción de la Nación. Francisco Cabrera.

“Concesionopoly” es una aplicación que permite conocer las concesiones de la Ciudad

La funcionaria judicial considera además que funcionarios como Ezequiel Sabor, Silvia Imas y el actual procurador porteño, Gabriel Astarloa, “Habrían otorgado a lo largo del tiempo diversas concesiones, adjudicaciones o permisos de uso precario a título gratuito o bien bajo cánones irrisorios a favor de los concesionarios, al tiempo que habrían omitido el necesario control de esas concesiones y permisos” y consideró la posible existencia de “asociación ilícita”, de“infidelidad defraudatoria” y mencionó como una metodología habitual en el PRO, el concesionar por menos de cinco años –en muchos casos previo a su vencimiento– para evitar pasar por la Legislatura.

Salguero offshore

Como su jefe presidencial, el matrimonio Polledo comparte tres empresas ultramarinas en Panamá, con estatus “vigente”, según lo revelaron los Panamá Papers y las investigaciones subsiguientes. Figuran en el Registro Público de esa guarida fiscal con las firmas Rank International Corporation, Brockport Finance Corp y Wilton Green & Co. Ltd. Inc., aparentemente no mencionadas en las declaraciones juradas de la parlamentaria.

En su página El Revelador, basada en “datos obtenidos de fuentes públicas”, la especialista informática María Soledad Escobar, además de consignar los registros de las offshore, remarca que Fernando Polledo Olivera, estuvo imputado, con prohibición de salir del país en la causa contra el Banco General de Negocios de los hermanos José y Carlos Rohm, acusados de incurrir“reiteradamente en la comisión de delitos con la finalidad de enriquecerse, a través de una operatoria financiera de carácter marginal que funcionara fuera de los canales institucionales” y en perjuicio del Estado argentino, de cientos de ahorristas y de las arcas de la República de Uruguay, donde también opera la entidad. Junto al dueño de los espacios de divertimento PRO figuraba el jefe civil de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz.

La Agencia que no controla

La Agencia Gubernamental de Control de la CABA debería habilitar y fiscalizar “los locales comerciales de la Ciudad”, además de controlar “las obras en construcción y la higiene alimentaria en establecimientos y vía pública”. Matías Alvarez Dorrego, director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), al presentarse convocado Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña, aseguró que la organización de la fiesta realizada en Costa Salguero bajo la catalogación de “diversión pública”, en la que murieron cinco personas, “cumplió los requisitos normativos en cuanto al otorgamiento de los permisos”.

Algo parecido expresó su antecesor, el ex carapintada y actual director general de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, cada vez que fue interpelado por el estrago de Iron Mountain, o acusado por habilitaciones prostibularias o talleres clandestinos.

El lunes 18 de abril, Alvarez Dorrego se presentó ante la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas De Empleo que preside el vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, Gabriel Fuks. Presentó sus explicaciones que, según la ironía de uno de los diputados, “power point mediante” explicaban las medidas “correctas”, que adoptó el organismo a su cargo para concluir, “como no podía ser de otra manera, que el Gobierno de la Ciudad no tuvo ninguna responsabilidad en esas muertes”.

El representante del Partido Socialista, Roy Cortina formuló una serie de preguntas que sonaron como acusaciones, contra el Gobierno de la Ciudad: “¿qué no vieron los tres inspectores, cuyos nombres no quiso dar el Director Ejecutivo el otro día? ¿No vieron los molinetes? ¿Por qué aceptaron con una simple declaración jurada la cantidad de gente que había? ¿No vieron las avalanchas que fueron vistas por varios testigos? ¿No vieron que se cayeron las divisiones para hacer las filas para entrar? ¿No vieron el hacinamiento? ¿No vieron la falta de ventilación? ¿No vieron que el agua se vendía, al inicio de la fiesta, a cuarenta pesos y al final a cien? ¿No vieron los baños colapsados? ¿No vieron cómo se cortó el agua a una hora determinada? ¿No vieron cómo se vendía la droga? ¿No vieron a los veinte agentes de la Prefectura como para decirles: “Oficial, actúe; soy un funcionario público y se está cometiendo un delito”? Si ellos no lo vieron, no vio el Estado. Y cuando no ve el Estado, peligra la vida de la gente. Esto es lo que pasó el 16 de abril en Costa Salguero”.

A su turno, Fuks apuntó contra la “gran cantidad de situaciones delincuenciales por parte de actores empresariales, que de ninguna manera podemos tildar de otra forma que de delincuentes” y sobre las“fallas en los controles del Estado y de ausencia de políticas”, además de “la acción de mafias y la acción del narcotráfico”.

Al referirse al titular de la AGC durante la reunión mantenida en la Comisión que preside, afirmó que quedaron “preguntas sin respuestas” y “queda claro que la sensación que tenemos es que el funcionario desconocía la Ley 2732. No es que fue omitida en el proceso inspectivo, sino que efectivamente era desconocida. No estaba incorporada al protocolo” y, ocho años después de su discusión legislativa, “la sanción de la misma, los empresarios inescrupulosos hacían exactamente lo mismo: cortar el agua, levantar el precio y obligar, en esa caja cerrada, a que se consuman las drogas que se vendan adentro, que se consuma el agua de adentro y que ellos ofrecen a precios absolutamente desmesurados y demenciales”

Al cerrar su exposición, el vicejefe del bloque FpV sentenció: “ya lo habíamos visto en el caso de Iron Mountain–, fallaron los controles del Estado. En este caso, por suerte, no se perdió el expediente; fue al revés: nos mostraron expedientes que de ninguna manera alcanzan para certificar las preguntas que hicieron todos los diputados y seguramente tampoco las que fueron incorporadas en este pedido de informes. Están fallando esos controles del Estado y la Justicia está demostrando que existe una interrelación entre las acciones que se están poniendo arriba del tapete”.

  Carlos Villalba para www.vamosavolver.com.ar