Enviar Nota | Imprimir

AMPLIARLa evolución del caso de corrupción chileno

Escándalo en Chile al destaparse caso de corrupción entre empresarios y políticos

A mediados del año 2014, el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) recibió una serie de mensajes anónimos en los que se advertía sobre un caso de corrupción ligado al Grupo Empresarial Penta, que defraudaba al fisco y financiaba campañas de políticos chilenos mediante pagos de honorarios que nunca fueron prestados.

Este holding chileno, que tiene activos calculados en los 20.000 millones de dólares e inversiones en distintos sectores económicos como seguro, finanzas, salud, inmobiliaria y educación, utilizó facturas falsas para alterar su contabilidad y evadir impuestos, con lo que Hugo Bravo, ejecutivo de Penta en ese entonces, declaraba montos menores al valor real de las utilidades de la empresa.

Para ello, utilizaban a uno de los fiscalizadores del SII que accedía clandestinamente a los archivos del ente público y modificaba las declaraciones de impuestos pasadas de sus clientes, que recibirían dinero del fisco a cambio de una comisión.

Se estima que el monto que Penta evitó pagar en impuesto con esta modalidad ronda los 400 millones de dólares.

Según se ha develado, fundaciones o particulares elaboraban facturas por servicios no prestados y con estos recursos financiaban campañas electorales, principalmente del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI).

En las investigaciones, se han conseguido correos electrónicos en los que parlamentarios y excandidatos a la Presidencia piden dinero para sus campañas a Penta, a cambio de honorarios por trabajos no realizados.

Hasta ahora, se investigan las campañas de dos senadores del UDI, Ena von Baer e Iván Moreira, y de los excandidatos presidenciales Andrés Velasco y Laurence Golborne, junto al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, candidato en las elecciones pasadas.

También son investigadas las campañas del senador socialista Fulvio Rossi, las de la UDI Jaime Orpis y Juan Antonio Coloma, y la del diputado demócrata cristiano Roberto León.

En la lista de quienes emitieron boletas en 2010 a Soquimich, figuran 39 personas relacionadas a campañas políticas: miembros del comando presidencial de segunda vuelta de Sebastián Piñera, un asesor de Fulvio Rossi, y otros de

Jaime Orpis (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI), varios militantes DC y un hijo de Pablo Longueira.

Además, en el curso de las investigaciones surgió la arista de la Sociedad Química y Mineral de Chile (SQM), empresa privatizada durante la dictadura de Augusto Pinochet y controlada por su yerno, Julio Ponce Lerou.

Durante la dictadura, empresas estatales fueron privatizadas bajo el argumento de la ineficiencia de la gestión pública.

Años después, un informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados probó que los procesos de privatización de empresas ocasionaron al Estado una pérdida de cerca de 6.000 millones de dólares , según datos de Contraloría.

Igualmente, se acusa a varios políticos chilenos de esta empresa de haber recibido financiemiento ilegal de SQM, uno de los señalados es el senador del Partido Socialista, Fluvio Rossi, quien ha sido hostil a Venezuela y se ha reunido con el dirigente de derecha venezolano, Henrique Capriles.

A pesar de que Rossi niega los señalamientos, hasta ahora se ha demostrado que tres de sus colaboradores emitireron facturas a SQM.

Caso inédito en Chile

Con el caso Penta, por primera vez en la historia el sistema judicial de Chile, país que destacaba por sus bajos niveles de corrupción en Latinoamérica, se ve en la necesidad de adelantar una investigación sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas.

El Fiscal Nacional, Sabas Chaguán, señaló que se había tomado la decisión por "la trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas presuntamente involucradas y los nuevos antecedentes que han surgido".

De acuerdo a la normativa vigente en Chile, las empresas pueden financiar la política con un máximo de un 1% de sus utilidades, obteniendo por ello exenciones tributarias.

En la campaña presidencial y parlamentaria de 2013, por ejemplo, un 50% de los ingresos provino de las fuentes privadas y, de ello, un 87% se hizo llegar utilizando el mecanismo de donaciones reservadas.

Como una de las medidas para evitar casos similares, el Gobierno de la actual presidenta chilena Michaell Bachelet envió semanas atrás al Parlamento un proyecto de ley sobre el financiamiento y gasto electoral que prohíbe las aportaciones de las empresas.