AMPLIARCarlos Haquim

30/01/2015 - Por Carlos Haquim

Un paso adelante en la prevención y lucha contra la trata de personas

Días pasados -a través del Decreto 111/2015- el Poder Ejecutivo nacional aprobó la reglamentación de la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y su modificatoria la Ley Nº 26.842. Entre sus disposiciones se destaca la voluntad de reflejar nuestro sistema de Estado federal a través de la creación de un Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Asistencia y Protección a las Víctimas.

Días pasados -a través del Decreto 111/2015- el Poder Ejecutivo nacional aprobó la reglamentación de la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y su modificatoria la Ley Nº 26.842.

Entre sus disposiciones se destaca la voluntad de reflejar nuestro sistema de Estado federal a través de la creación de un Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Asistencia y Protección a las Víctimas. La composición de este Consejo no sólo demuestra la necesidad de articulación e intervención eficaz entre los diversos poderes del Estado sino, también y como ya se señaló, su carácter federal.

Resulta evidente que para avanzar en el combate contra la trata de personas, el Estado requiere de las competencias y funciones de las diferentes esferas de gobierno y del trabajo coordinado de todas las jurisdicciones. Por ello, resulta conveniente que sea un Consejo Federal quien diseñe la estrategia para la lucha contra la trata, promueva protocolos de intervención, presente propuestas y establezca las directivas para un programa nacional.

Además, la designación de la Defensoría del Pueblo de la Nación como órgano de control externo de las acciones y programas decididos por el Consejo Federal otorga garantía de transparencia y protección de derechos.

Asimismo, en cuanto a las garantías para el ejercicio de los derechos de las víctimas, cabe destacar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación serán los encargados de otorgar el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas no solamente durante las diligencias que deban practicar en sede penal sino también para promover la acción civil resarcitoria tendiente a lograr la reparación integral de daños y perjuicios.

De tal manera y sin lugar a dudas, se ha dado un paso importante en el combate contra la trata y explotación de personas pero también, en la reivindicación de los derechos de las víctimas que hubieren sido vulnerados.

Por Carlos Haquim, Secretario General a cargo del Defensor del Pueblo de Nación