AMPLIARCarlos Garmendia

21/12/2014 - Escándalo gremial

Estafa barrio judicial: denuncian vínculos entre el gremio la justicia y la política

El abogado Carlos Garmendia brindó detalles sobre el conflicto suscitado con 300 familias del barrio Judicial que se resolvió recientemente. Destacó el buen trabajo del interventor del IPV, Gustavo Durán.

El abogado Carlos Garmendia relató cómo se produjo y se resolvió el inconveniente entre más de 300 familias y el gremio de empleados judiciales de la provincia por la sobreventa de viviendas. Detalló vínculos existentes entre sectores de la política, la justicia y Ada Altuve, secretaria general del gremio de judiciales. Reconoció la gestión del interventor del Instituto Provincial de Vivienda, Gustavo Durán, en la resolución del conflicto. Aclaró que aun existen derivadas pendientes que la justicia tendrá que resolver.

“Esta historia comenzó en el año 1995 cuando el genocida Antonio Domingo Bussi era gobernador. En esa oportunidad, la secretaria general del gremio de empleados judiciales Ada Altuve consiguió la donación de un predio en la localidad de Los Pocitos, en el departamento de Tafí Viejo, para la construcción del barrio policial”, manifestó.

“La donación se realizó a través de una ley provincial -continuó-, con el cargo de construir viviendas exclusivamente para empleados judiciales en dicho predio. Luego se consiguió el dinero necesario para hacer las viviendas de la Nación a través del Instituto Provincial de Vivienda (IPV)”.

“Fue el gremio quien debía determinar quiénes ocuparían las casas, pero cometió el ‘error’ de comenzar a vender las casas a terceros. Además sobrevendió el barrio. Por lo menos 500 familias debieron quedarse afuera, aun habiendo pagado los anticipos que les requirieron desde el gremio que conduce Ada Altuve”, detalló Garmendia.

“Entre Agosto y Octubre de 2.013 se hizo entrega de las 227 viviendas del barrio Judicial de Los Pocitos. Como no existía la posibilidad de que todas las familias ingresen al barrio, comenzaron a organizarse, realizaron las marchas y me buscaron a mí como abogado patrocinante”, señaló.

“Desde ese momento, también se inició un período de negociaciones inútiles y engaños por parte del gremio. También hubo persecuciones a integrantes del grupo de familias afectadas por esta estafa y a mí”, recordó.

“Durante las negociaciones comprobamos que el gremio recibió al menos 300 pagos de parte de más de 200 familias. Tenemos comprobantes de pago por cerca de 2 millones de pesos de familias que fueron engañadas y hasta ahora no habían tenido la posibilidad de acceder a su vivienda. Si no nos hubiéramos movido y reclamado, sencillamente las familias habrían perdido ese dinero, bajo el engaño de que serviría para comprar sus casas”, aseguró.

“Incluso muchos de los integrantes del grupo de familias estafadas fueron perseguidos y apretados por integrantes del gremio, por ejemplo, en sus lugares de trabajo, en la salida del colegio de sus hijos y en sus casas. Siempre se manejaron de manera mafiosa. Usaron a la justicia para presionar y extorsionar, obteniendo medidas de distancia respecto del palacio de tribunales contra algunos de mis clientes”, denunció.

“Personalmente, he sido objeto de una persecución al mejor estilo dictadura militar. Me tomaron fotos clandestinas, caminando por la calle, hablando por teléfono o conversando con mis clientes. Además me hicieron una denuncia penal por instigación a la violencia pública y extorsión y también otra en el tribunal de ética del colegio de abogados”, admitió.

“Hoy la denuncia penal se encuentra en la fiscalía décima, a cargo de Guillermo Herrera, que es amigo personal de Altuve y es el peor fiscal que tiene el poder judicial tucumano, quien permitió la absolución de Rubén ‘la chancha’ Ale en el caso de la usurpación de tierras y cosecha de soja que no le pertenecía y que tampoco investigó a Jorge Alejandro Rigourd, en el caso COFIN”, sentenció.

“Lo que queda claro en esta historia es que Ada Altuve tiene mucha influencia y maneja parte de la justicia y sectores del colegio de abogados”, reflexionó.

“En definitiva, esta situación ha sido resuelta gracias a la colaboración y espíritu conciliador y de diálogo del interventor del IPV, Gustavo Eduardo Durán, sin cuya intermediación no se podría haber llegado a un acuerdo. Hoy 207 familias van a recibir las casas por las que pagaron, que fue lo único que debería haber ocurrido desde un primer momento, finalizó el abogado Carlos Garmendia.